Economía.- Un 37% de empleados declara sufrir estrés, depresión o ansiedad por el trabajo, según UGT

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Europa Press | 09 oct, 2024

UGT reivindica la elaboración de una normativa específica que proteja la salud mental de trabajadores

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Un 37% de los empleados españoles declara sufrir estrés, depresión o ansiedad causados por el trabajo, un porcentaje diez puntos superior a la media de la Unión Europea (27%), según se desprende del 'Informe: Salud Mental y Trabajo', publicado por la Unión General de Trabajadores (UGT), con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este jueves, 10 de octubre.

En los nueve primeros meses del año se han contabilizado en España más de 468.000 bajas laborales de personas trabajadoras derivadas de problemas de salud mental y UGT estima que en 2024 se van a superar las más de 600.000 bajas por este motivo que se registraron en 2023.

De acuerdo con el estudio, un 48% de las personas trabajadoras en España declaran estar expuestas a una gran presión de tiempo o sobrecarga de trabajo, estando por encima de la media europea (46%). Además, un 19% dicen estar expuestos a la violencia o los abusos verbales por parte de clientes, pacientes, alumnos, etc., frente al 16% de la media de la Unión Europea.

En conjunto, el 34% de la población en España padece algún problema de salud mental, algo que afecta en mayor medida a las mujeres. La ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño son los problemas más frecuentes. Otro dato demoledor es que cada día se suicidan 11 personas en el país, según datos provisionales 3.952 personas se suicidaron en 2023.

UGT ha recordado en su informe que el trabajo influye notablemente en la mejor o peor salud mental, y es que unas deficientes condiciones de trabajo (temporalidad, inseguridad laboral o largas jornadas), la incorrecta organización del mismo o entornos laborales en donde hay presencia de violencia o acoso laboral son dañinos para la salud mental.

PREVENIR LA HIPERCONECTIVIDAD O LA ELEVADA CARGA DE TRABAJO

Existen, según UGT, una serie de factores psicosociales y organizativos a los que se debe prestar atención y que deben prevenirse como la hiperconectividad, la carga de trabajo cuantitativa, la sobrecarga cualitativa, la demanda psicológica de naturaleza cognitiva, etc. Además, el sindicato insiste en que debe garantizarse el derecho a la desconexión digital.

Frente a esta situación, UGT considera que los problemas de salud mental en el trabajo deben ser abordados de forma decidida para acabar con ellos y garantizar una protección adecuada de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

En primer lugar, el sindicato cree que se debe acabar con la deficiente evaluación de los riesgos psicosociales de origen laboral en las empresas, así como con la falta de reconocimiento del origen profesional de las patologías relacionadas con los riesgos psicosociales.

UGT considera que, si fueran reconocidas como contingencia profesional, deberían ser tratadas y gestionadas con los recursos de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, por lo que dejaría de asumir el coste de su tratamiento y gestión el Sistema Público de Salud, que registra un importante déficit de profesionales en psicología.

Asimismo, el sindicato aboga por actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a las nuevas realidades del trabajo y mejorar la gestión en las empresas de los riesgos psicosociales con el objetivo de garantizar la protección de la salud mental.

Actualmente se encuentra abierta la mesa de diálogo social sobre prevención de riesgos laborales dónde continúan las negociaciones al respecto y donde "ya se observan algunos avances", según UGT.

No obstante, el sindicato continúa reivindicando a nivel nacional la elaboración de una normativa diferenciada sobre la gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral, así como la actualización del listado de enfermedades profesionales para que sean incluidas las patologías asociadas a estos riesgos laborales. A nivel europeo, cree que es esencial una Directiva comunitaria que sirva de paraguas para todos los Estados miembro.

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