OCU pide a la Comisión Europea acceder al expediente de resolución del Banco Popular

La organización estudia otras vías judiciales o extrajudiciales

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Europa Press | 06 jul, 2017

Actualizado : 13:05

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido, a través de un escrito, a la Comisión Europea que pueda acceder al expediente íntegro del procedimiento de resolución del Banco Popular

En dicha carta, la Organización de Consumidores,también solicita el acceso a la valoración de la entidad financiera realizada por un experto independiente (Deloitte), --que estableció un valor de entre 2.000 y 8.200 euros negativos--, así como a todas las notificaciones o comunicaciones intercambiadas entre los distintos organismos intervinientes durante el procedimiento de resolución de la entidad.

La organización de consumidores se ampara en el derecho de acceso a documentos reconocido en el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en nombre de todos los clientes del Popular afectados por la pérdida de sus acciones tras su adquisición por parte del Santander.

En dicha carta, la Organización de Consumidores,también solicita el acceso a la valoración de la entidad financiera realizada Deloitte

A su vez, OCU, cree que es completamente "imprescindible" intentar esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades, así como "examinar a conciencia" la documentación que existe en dicha compra-venta. Para OCU, acceder a este expediente permitirá obtener información de utilidad de cara a las futuras acciones que la Organización está planteando en defensa de los pequeños inversores y accionistas minoritarios que han perdido toda su inversión tras esta operación.

El pasado 12 de junio, OCU presentó ante la Audiencia Nacional una querella contra la cúpula del Banco Popular como la primera de las acciones en defensa de los pequeños inversores y los accionistas minoritarios que tiene pensado emprender, recalca Europa Press.

Esta querella está dirigida contra los antiguos administradores del Banco responsables de la última ampliación de capital en 2016 y contra la auditora PwC, a los que acusa de los presuntos delitos de falsedad contable y estafa a los inversores.

Además, la organización ha informado de que continúa estudiando otras vías posibles, judiciales y extrajudiciales, que permitan a los afectados obtener una compensación por el perjuicio sufrido. Hasta la fecha, más de 16.600 afectados por la resolución de Popular se han puesto en contacto con OCU.

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