Economía.- La Plataforma contra la Morosidad valora la reducción de los plazos de pago de las comunidades a proveedores
Urge a la aprobación definitiva del reglamento europeo contra la morosidad
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha celebrado la reducción del periodo medio de pago (PMP) a proveedores de las comunidades autónomas en 2,1 días en junio respecto al mes anterior, situándose en 27,62 días de media, por debajo de los 30 días que fija de máximo la normativa.
"Este significativo descenso se debe al esfuerzo que las administraciones están realizando para pagar en plazo a sus proveedores y al incremento de la liquidez que se ha producido en sus cuentas", ha afirmado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
En su opinión, dado que los plazos medios de pago a proveedores siguen sin mejorar en el sector privado, es necesario que el Reglamento Europeo contra la Morosidad se apruebe definitivamente lo antes posible, "porque marcará el fin de los plazos abusivos por parte de ciertas compañías que minan la competitividad de sus empresas proveedoras".
La Plataforma ha recordado a través de un comunicado que en las próximas negociaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea se decidirá el futuro de la normativa, que será de obligado cumplimiento, por lo que todos los Estados miembros tendrán que cumplirlo una vez que se apruebe definitivamente.
Desde la PMcM han instado a que el Consejo "no se oponga para agilizar su puesta en marcha, y que el texto definitivo sea lo más cercano al planteado, para que puedan beneficiarse millones de empresas en toda Europa".
En el texto aprobado previamente por el Parlamento Europeo, la normativa prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días (o en 60 para casos de necesidad de periodo de certificación o en 120 días para los artículos de baja rotación).
Además, está contemplado que haya la posibilidad de compensación de créditos con las Administraciones Públicas cuando se trate de contratos públicos; y que se prohíba la utilización de medios de pago que alteren las condiciones de pago.