Empleo estima en 21.198 millones el impacto de las actuaciones de la Inspección contra el fraude laboral
Entre abril de 2012 y febrero de 2018 se han aflorado 519.056 empleos irregulares
- En ese tiempo, la Inspección de Trabajo ha detectado más de 7.000 empresas ficticias
Actualizado : 17:12
Las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo desde 2012 han tenido un impacto económico de 21.198 millones de euros, entre aflorar empleos irregulares y convertir contratos en indefinidos, según las estimaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Así lo ha comunicado este jueves en el Congreso el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, que ha asegurado que, entre abril de 2012 y febrero de 2018, se han aflorado 519.056 empleos irregulares, se han transformado en indefinidos 359.191 contratos indebidamente celebrados como temporales, y se han detectado más de 7.000 empresas ficticias.
Llorente ha ofrecido estos datos durante su intervención ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, a la que ha acudido para explicar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018. En las cuentas para este año, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta con una dotación de 126 millones de euros, cerca de un 2% más que en el ejercicio precedente.
A esta cantidad hay que agregar la destinada a servicios, suministros e inversiones tecnológicas para la Inspección, de manera que la cuantía total de su financiación alcanzará los 150 millones de euros en 2018, según ha dicho.
Llorente ha destacado también dos iniciativas recientemente aprobadas, el Plan Estratégico 2018-2020 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que tal y como ha explicado el subsecretario responde al "compromiso parlamentario" aprobado por la Comisión de Empleo el pasado mes de septiembre, y la entrada en funcionamiento del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Según ha dicho, se dará "una mayor prioridad a las actuaciones inspectoras", y a través de ellos se impulsarán campañas contra la contratación temporal injustificada, la discriminación por género y la brecha salarial, el fraude en el cumplimiento del tiempo de trabajo, las subcontratas y las empresas multiservicios, la economía de plataformas o los falsos autónomos.