Economía.- Díaz se compromete a investigar las condiciones laborales en Salvamento Marítimo tras una denuncia de CC
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha comprometido a investigar las condiciones laborales de los empleados públicos de Salvamento Marítimo tras denunciar la diputada de Coalición Canaria (CC) Cristina Valido que en Canarias están dedicando 168 horas semanales a su trabajo.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Valido ha advertido a la ministra de que en Canarias se destinan 720 horas al mes en guardamares y remolcadores y que el patrón o el mecánico puede llegar a estar 24 horas navegando y luego pasarse el día de descanso haciendo labores de reparación o mantenimiento.
"Hace poco, 15 días, un naufragio, con 50 desaparecidos y 9 fallecidos. Imagino que cualquiera puede suponer la tragedia que es para cualquier trabajador ver en su función cómo se ahoga la gente. Tuvieron que seguir trabajando durante muchísimas horas más sin tiempo a la recuperación", ha denunciado Valido, que ha instado a la vicepresidenta segunda a reunirse con los representantes de los trabajadores de Salvamento Marítimo.
"Le pido que se acerque a ellos, que vea las condiciones, que vea las horas que están, porque nadie puede pensar que después de 24 horas en el mar uno se puede enfrentar a un nuevo rescate en condiciones óptimas. Nadie puede pensar que quien trabaja en estas condiciones 168 horas a la semana, cuida de su salud mental ni tiene ninguna oportunidad para la conciliación familiar", ha argumentado la diputada canaria.
La ministra Díaz ha respondido a Valido de que si en Salvamento Marítimo se está trabajando en esas condiciones, "el peso de la ley va a caer con contundencia".
"De esta sesión de control me iré para adverar si esos datos son reales", ha subrayado la vicepresidenta, que ha puesto en valor algunas de las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo en empresas y administraciones públicas como el Metro de Madrid por la manipulación del amianto y su impacto negativo sobre la salud de los trabajadores.