Economía.- Conacee cree que la reducción de la jornada laboral amenaza la viabilidad de los Centros Especiales de Empleo
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) cree que la reducción de la jornada laboral propuesta por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, amenazaría la viabilidad de más de la mitad de los más de 2.400 Centros Especiales de Empleo.
Conacee asegura que dichos Centros Especiales de Empleo, que cuentan con plantillas integradas en su mayoría por personas con discapacidad, podrían resultar "especialmente vulnerables" ante la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales en 2025 que plantea la vicepresidenta Díaz.
Además, la patronal ha recalcado que el convenio colectivo de Centros Especiales de Empleo ya recoge una jornada reducida y otro tipo de particularidades para adaptar las condiciones laborales a las necesidades de los profesionales con discapacidad.
Del mismo modo, Conacee ha destacado que se genera un empleo "estable y competitivo" para más de 100.000 personas con algún tipo de discapacidad a través de los 2.400 centros, la mayoría pymes.
"No se está teniendo en cuenta la realidad de una parte importante del tejido empresarial español", ha señalado en su comunicado la patronal, que ha apelado a la mesa de diálogo de la reducción de la jornada laboral para acordar medidas que permitan "mitigar los impactos negativos que la nueva normativa ocasionará en el sector".
Del mismo modo, Conacee destaca que un porcentaje "muy importante" de los centros que representa basan su actividad en un modelo de gestión indirecta de servicios de titularidad pública que está regulado por la Ley de Desindexación.
Dicha ley no permite actualizar los precios de los contratos públicos según el incremento de costes ajenos a la gestión, como sería el caso de esta norma, abocando a las entidades adjudicatarias "a una difícil situación que pone en riesgo su sostenibilidad".
Así, la patronal cree que las medidas planteadas desde el Ministerio de Trabajo suponen "una intromisión en la negociación colectiva", y pide que cualquier cambio se realice con el consenso de los agentes implicados para encontrar "soluciones viables".