De Cos pide aprovechar el 23J para un debate "profundo" de economía y lograr "consensos"

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido este martes aprovechar las elecciones generales que se celebrarán el 23 de julio para abrir un "debate profundo" sobre los retos económicos a los que se enfrenta la economía española, con la finalidad de alcanzar unos "consenso mínimos".

Hernández de Cos, que ha participado en las jornadas organizadas por 'Cinco Días' con motivo de su 45 aniversario, ha indicado que este mínimo consenso sobre cuáles deben ser las políticas más adecuadas para afrontar los retos pendientes son necesarios para garantizar la "persistencia" en el tiempo de las reformas, "elemento clave para garantizar su éxito".

"En definitiva, afrontar con decisión los retos a los que se enfrenta la economía española en los próximos años requerirá de políticas económicas ambiciosas y con vocación de permanencia", ha reiterado De Cos, quien ha añadido que de ello dependerá, en gran medida, la capacidad de España de garantizar una mejora sostenible del bienestar de los ciudadanos y la convergencia real con los socios europeos.

En este contexto, y como el reto más inmediato, ha situado la reducción del déficit estructural, que se sitúa en el entorno del 4% del PIB, un punto más que en 2019, y para ello ha pedido iniciar ya este año un plan de consolidación fiscal.

Preguntado acerca de la posibilidad de retrasar varios años este plan de consolidación fiscal como consecuencia de las elecciones generales y la formación de un nuevo Gobierno, De Cos ha advertido de que aumentará la "vulnerabilidad" de la economía, por lo que ha asegurado que es importante utilizar estas seis semanas hasta las elecciones para abrir un debate al respecto.

Así, ha indicado que reducir el déficit público "matemáticamente" se puede hacer de tres maneras, aumentando los impuestos, reduciendo el gasto o una combinación de las dos anteriores.

"Por supuesto es la oferta política la que tiene que diferenciar precisamente en esa composición. Hay algunas que son más óptimas desde una perspectiva y otras desde otra perspectiva. Pero lo que es ineludible, y cualquier oferta política tiene que, desde mi punto de vista, valorarlo, es cómo se va a reducir el déficit", ha reiterado.

REDUCIR EL DÉFICIT ESTRUCTURAL YA ESTE AÑO

A su juicio, la elevada magnitud de los desequilibrios fiscales, el entorno inflacionista y la "resiliencia" que está mostrando la economía aconsejan que la ejecución de ese plan de consolidación se inicie en 2023, de forma que se produzca una cierta reducción del déficitestructural este año.

Esta recomendación, ha explicado, se justifica también por el hecho de que la inflación ha contribuido a la reducción del desequilibrio fiscal en 2022, pero ha incidido en que su efecto a largo plazo sobre las finanzas públicas será "menos favorable o incluso negativo", y por la existencia de "algunas dudas" sobre el grado de transitoriedad de las elevadas dinámicas de crecimiento de los ingresos impositivos de los últimos años.

"Este proceso debe enmarcarse en un cuadro macroeconómico prudente, involucrar al conjunto de las AAPP y traducirse en un plan a medio plazo en el que se detallen las medidas de ingresos y gastos públicos que garanticen la reducción gradual de los desequilibrios. Esto permitiría reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas e incrementar la credibilidad y la confianza en las políticas económicas", ha subrayado.

Este plan de consolidación fiscal conllevará, según el gobernador, una ralentización del crecimiento económico a corto plazo, pero el despliegue de los fondos europeos y de las reformas estructurales contenidas en el plan de recuperación pueden compensar "e incluso sobrecompensar" la posible ralentización económica que se derivaría de este proceso de reducción del déficit.

ABORDAR LOS DESEQUILIBRIOS SOCIALES

Por último, Hernández de Cos ha apostado por abordar los desequilibrios sociales, en la medida en que la acumulación de desigualdades puede reducir el grado de cohesión social e incrementar la conflictividad, lo que repercutiría negativamente sobre la seguridad de las inversiones, los incentivos al trabajo y las oportunidades de las generaciones futuras.

En este sentido, ha asegurado que reducir estas vulnerabilidades sociales requiere el despliegue de actuaciones públicas en dimensiones muy diversas; por ejemplo, en los ámbitos de la regulación como del mercado laboral y del mercado de la vivienda, del sistema tributario, de la provisión de servicios públicos, como la educación y la sanidad, y de las políticas de rentas y transferencias.