Choque entre Montoro y Carmena, ¿se debe revisar la regla de gasto?

En pleno debate por la revisión de la regla de gasto, se ha reavivado la guerra presupuestaria entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda. El Gobierno de Manuela Carmena ha asegurado que presentará un recurso judicial contra la exigencia del Ministerio de Hacienda para que el Consistorio inmovilice 238 millones de euros debido al incumplimiento de la regla de gasto en la capital en 2016 en 233 millones. Pero, ¿qué es exactamente y por qué se han rebelado contra ella Madrid y otras administraciones públicas?

Si bien Ahora Madrid, el partido de Manuela Carmena, anunció hace unos días que usarían “todos los recursos políticos, jurídicos y administrativos para defender a Madrid y su ciudadanía del bloqueo de los recursos y los recortes de derechos", el Ayuntamiento de la capital dio luz verde en Pleno el pasado miércoles a lo acordado con Hacienda por el incumplimiento de la regla de gasto y aprobó una primera tanda de los acuerdos de no disponibilidad valorada en 104 millones.

El Ayuntamiento de Madrid no entiende “qué sentido tiene” que Hacienda le exija un “recorte” de 238 millones si registró superávit

No obstante, el Consistorio ha enviado una carta al ministro Montoro proponiendo que se constituya una mesa técnica para analizar la interpretación de la regla de gasto. Creen que la Secretaría General de Financiación Autonómica del Ministerio de Hacienda podría haber colocado al Ayuntamiento de Madrid en una situación de indefensión. “Por ello se emprende la vía judicial para esclarecer la situación en el marco de la legalidad y desde la responsabilidad institucional”, sostienen desde el Ayuntamiento.

El Gobierno de Manuela Carmena defiende que la ciudad registró en 2016 un superávit de 1.022 millones de euros y aumentó sus inversiones. Por ello, no entiende “qué sentido tiene” que Hacienda exija al Ayuntamiento el “recorte” de 238 millones del presupuesto. ¿Dónde está el problema?

UNA REGLA FISCAL DE OBLIGADO CUMPLIMENTO

Para encontrar la respuesta sólo hay que remontarse a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012. En ella se fijan tres reglas fiscales de obligado cumplimento que se someten a vigilancia y supervisión de autoridades supranacionales sobre las bases del Pacto Fiscal Europeo. Estas son estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. A esta última se hace referencia en el artículo 12 de la Ley en el que se establece que “la variación del gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española”. Además, queda claro que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.

Es decir, este instrumento de disciplina presupuestaria, que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, impide que el gasto de las administraciones crezca anualmente por encima de la tasa de referencia del PIB a medio plazo. El Gobierno ya informó a finales de 2016 que para 2017 es del 2,1%, un 2,3% en 2018 y el 2,5% para 2019.

El gasto de las administraciones no puede crecer por encima del 2,1% en 2017, del 2,3% en 2018, ni del 2,5% en 2019

¿POR QUÉ AHORA?

Sin embargo, como explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal (AIREF), hasta ahora, el intenso proceso de consolidación fiscal ha hecho prácticamente inoperante la regla de gasto, “puesto que el cumplimiento de los objetivos anuales de déficit ha impuesto una senda de reducción del gasto público mucho más exigente para la mayoría de las Administraciones Públicas (AAPP) que la que derivada de la aplicación de la regla de gasto”, aseguran. Y advierten: “esta situación está cambiando debido a la importancia creciente de la regla de gasto a medida que las AAPP se aproximan al equilibrio presupuestario, como es ya el caso de numerosas administraciones de ámbito local y alguna comunidad autónoma”.

Así lo entiende también el profesor de economía pública de la Universidad de Zaragoza, Jaime Sanaú, al asegurar que en 2016, “las administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) volvieron a registrar superávit, ascendiendo a 7.083 millones (el 0,64% del PIB). Respecto a 2015, los ingresos crecieron un 1,5% y los gastos se recortaron en un 1,5%”, explica.

Este superávit, detalla el profesor, proviene del aumento de las transferencias recibidas del Estado y de una mayor recaudación por el aumento de los valores catastrales, ya que se han elevado los ingresos de impuestos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. “También ha influido en el superávit la contención de gastos, en particular, de los gastos de personal, tanto por la contención de las retribuciones como del número de funcionarios”, asegura Sanaú.

Los municipios defienden una reforma de la regla de gasto para poder gastar más dinero

EN DEFENSA DEL GASTO

Este contexto ha llevado y llevará a los ayuntamientos y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a exigir una reforma de la regla de gasto para reinvertir el superávit que están generando las corporaciones. De ser así, los municipios podrían gastar más dinero, en lugar de destinar estos ingresos obtenidos por encima de lo previsto a reducir el nivel de deuda pública. “La legislación no es del todo descabellada, puesto que la deuda pública del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ascendía a finales de 2016 a 3.868 millones de euros. Y eso que se había reducido de los 4.767 millones de euros que debía a finales de 2015”, opina el profesor de economía pública de la Universidad de Zaragoza.

¿Es posible cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para modificar este aspecto? “Todo es factible, siempre y cuando se mantengan los compromisos internacionales de España”, asegura Jaime Sanaú. Hay que saber que la regla de gasto, que afecta a todas las administraciones públicas, se contiene en una ley orgánica, cuya aprobación, modificación o derogación exige la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto, según el artículo 81 de la Constitución.