Cataluña paraliza la legislatura con las reformas económicas en el aire

La XII legislatura nació con dificultades. Y ahora está paralizada por el conflicto catalán. O secuestrada. Las reformas económicas pendientes de pensiones o financiación autonómica están tan congeladas como los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

El Partido Popular gobierna esta legislatura en minoría. Un escenario que le obliga a tener que sentarse a negociar con el resto de partidos. Por ello, su polémica respuesta al envite independentista lanzado en el referéndum del 1-O puede provocar una espantada de sus posibles aliados.

Los bancos de inversión ya han vaticinado más problemas tras el caos del domingo. En Deutsche Bank destacan que tras lo vivido en Cataluña "como mínimo, el Gobierno en minoría de Rajoy será severamente puesto a prueba por esta pesadilla constitucional”. En la misma dirección se posiciona Rabobank. Los analistas de la entidad holandesa señalan que “la contundente respuesta” al referéndum tiene un impacto importante tanto en "el desarrollo de la cuestión catalana como en el riesgo político de España de manera más amplia”, apuntan en su informe.

Berenberg va más allá con esta crisis política. En su informe apuntan que esta época de confusión puede provocar un hundimiento en el "sentimiento económico español". Según las previsiones de la entidad alemana, España podría sufrir una desaceleración modesta en su crecimiento español “desde su exuberante ritmo de 3,2% hasta el 2,5%", apuntan. La agencia de rating Fitch, por su parte, ha revisado al alza sus previsiones -una décima más hasta el 3,2% en 2018-, aunque advirtiendo del riesgo de que Cataluña frene esta expansión.

El Gobierno está obligado a diseñar unos presupuestos que cumplieran con Bruselas y, a la vez, con sus compromisos políticos

SIN ACUERDOS NO HAY GOBIERNO

Rajoy no puede sacar adelante las necesarias reformas en España sin acuerdos. El Partido Popular tiene 137 escaños de un total de 350. Su principal socio en esta legislatura, Ciudadanos, aporta otros 32 escaños y mantiene su apoyo tras la crisis de Cataluña. En el caso de que vuelva sumar a los dos diputados canarios, Rajoy no alcanzaría la mayoría absoluta. Porque la actuación del PP en Cataluña se ‘ha cobrado’ cinco escaños, los del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

“Los Presupuestos son un asunto menor en comparación con la crisis institucional que hay abierta en Cataluña”, afirmó el portavoz de los nacionalistas en Madrid, Aitor Esteban. Ante esta posibilidad de paralización, la sombra de unas nuevas elecciones amenaza de nuevo a España. “Las miradas vuelven a trasladarse al PSOE, que todavía no ha desvelado sus cartas en este asunto”, considera el politólogo de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, Carlos Rico.

LAS DUDAS DEL PSOE

El líder socialista, Pedro Sánchez, se posicionó en contra de la abstención del partido en la investidura de Rajoy. Una postura que le ha llevado de nuevo a la secretaría general del PSOE. Desde el principal partido de la oposición han criticado la actuación policial en Cataluña, aunque han reiterado que seguirán apoyando la unidad territorial del país. “El partido volverá a necesitar un debate interno para decidir su posición. Todavía no han mostrado su postura sobre una de las soluciones para la situación actual que vive Cataluña, el artículo 155”, recuerda Carlos Rico.

Lo que es seguro es que el PSOE no apoyará los Presupuestos. El equipo económico de Pedro Sánchez anunció que ya trabaja en una propuesta alternativa al proyecto de ley que llegará al Congreso a principios de octubre, según indican fuentes del PSOE. Los socialistas se oponen a que los ajustes provengan por la vía del gasto al considerar que “el problema no está en un gasto excesivo, sino en unos ingresos insuficientes”, ya que la diferencia de los ingresos de España con los de los países de su entorno alcanza el 8%, mientras que el gasto se sitúa en el 5%. Con el ‘no’ de PSOE y PNV, la aprobación de las reformas comienza a tornarse ‘misión imposible’. "Las instituciones de este país se están centrando en resolver este problema en vez de impulsar reformas que garanticen la continuidad de la recuperación", lamentan en Self Bank.

LOS PRESUPUESTOS EN ‘STAND BY’

Los PGE están empantanados. El Gobierno no ha presentado el proyecto de ley antes del 1 de octubre -o tres meses antes de la expiración de los del año anterior- en el Congreso de los Diputados, como recoge la Constitución sin expresar castigos o alternativas por lo contrario. Ante la falta de apoyos políticos por las dudas del PNV, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, optó por esperar.

Esto implica que por segundo año consecutivo la economía iniciará el ejercicio con unos presupuestos prorrogados a los del ejercicio anterior. Y no lo hará en un año cualquiera, sino en el que Moncloa tiene el objetivo de salir del protocolo de déficit excesivo -tutela de Bruselas para estados miembros con un déficit de más del 3% del Producto Interior Bruto (PIB)-. Para ello España deberá cumplir con las metas fiscales de un déficit que no sobrepase el 3,1% este año y el 2,2% el próximo.

Entre otras cosas, el Gobierno está obligado a diseñar unos presupuestos que cumplieran con Bruselas y, a la vez, con sus compromisos políticos. Esto es, 5.000 millones de euros comprometidos con el PNV para el País Vasco durante los próximos años -por nuevo cálculo del cupo e inversiones- y otros 360 millones en 2018 para Canarias comprometidos ya en el apoyo de los diputados canarios en abril para los PGE de 2017. El Banco de España reconoce que su retraso puede favorecer un “tono más restrictivo” que aumente la probabilidad de cumplir con la meta fiscal.

PROTESTAS POR LAS PENSIONES

Por otro lado, el Ejecutivo tendrá que dotar una partida para pagar las pensiones durante el próximo año porque, según sus proyecciones y las de los expertos, con las cotizaciones no será suficiente pese al incremento de los ingresos fruto de la recuperación del empleo. Es decir, tendrá que disponer de recursos adicionales para las extras de junio y diciembre, como ha ocurrido durante los últimos años, incluido 2017.

El Fondo de Reserva, aunque Rajoy estuviera dispuesto a pasar a la historia como el Gobierno que vació la hucha de las pensiones, no será suficiente. Este año, en el que el Tesoro ha prestado 10.192 millones de euros sin intereses a la Seguridad Social, acabará con apenas 7.000 millones de euros. Mientras que el déficit del sistema en 2018 que estima el Ejecutivo en 15.823 millones y la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF) en 19.110 millones.

Los sindicatos iniciaron el sábado marchas por unas pensiones “dignas y suficientes” que concluirán el 9 de octubre, día en el que confluirán en la Puerta del Sol de Madrid, donde habrá una asamblea. Se trata de un movimiento al que se adhirieron el PSOE y Podemos y que prometía un “otoño caliente” que, por ahora, lo es sólo por Cataluña. Las protestas se centran en la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, que este año se revalorizan un 0,25% frente a niveles de inflación superiores al 1,5%. Un recorte en términos reales que, según los expertos, se extenderá durante los próximos años.

Las estimaciones del Gobierno contemplan una necesidad de financiación adicional de 67.000 millones de euros para los próximos cinco años

Pero junto al problema de la suficiencia, también hay otro de sostenibilidad. Las estimaciones del Gobierno contemplan una necesidad de financiación adicional de 67.000 millones de euros para los próximos cinco años que AIReF eleva hasta 87.000 millones. Ante el desafío de las pensiones, la Comisión no permanente del Pacto de Toledo volvió a reunirse en noviembre. Diez meses después, no hay ninguna conclusión que pueda llevarse a los PGE de 2018 pese a su retraso. Los dos principales partidos, PP y PSOE, están enrocados en posturas enfrentadas: mantener la reforma de 2013, con revalorización de las pensiones según la sostenibilidad del sistema, o derogar su punto fuerte para que vuelvan a actualizarse con el IPC.

SIN NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La reforma de las pensiones era uno de los principales retos de la legislatura. Otra reforma pendiente, también con capacidad de marcar económicamente los próximos años -o décadas-, es la de la financiación autonómica. Precisamente, toda la vorágine secesionista empezó por el reclamo de Cataluña a una mejor financiación. O, lo que es lo mismo, a ser menos solidaria con las regiones de menor capacidad recaudatoria. De hecho, Artur Mas pidió en 2012 -entonces presidente de la Generalitat- un concierto catalán a la vasca que décadas antes Jordi Pujol rechazó.

El Ministerio de Economía y Competitividad descartó esta posibilidad la semana pasada, aunque el ministro Luis de Guindos sostuvo que el Gobierno está dispuesto a negociar un nuevo “sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta las características de los diferentes territorios”. Pero no un ‘concierto catalán’ que, según estimaciones del economista Ángel de la Fuente, tendría un sobrecoste para el Estado de hasta 16.000 millones de euros anuales.

Los grandes bancos de inversión ven como el desenlace más probable una mayor autoridad fiscal. En el extremo del concierto están los 16.000 millones, mientras que con un status quo como el actual, en el que los recursos distribuidos correspondan a la capacidad recaudatoria de la región con los tributos cedidos, serían en torno a 2.500 millones anuales.

No obstante, Cataluña no ha participado hasta ahora en la reforma. Junto a País Vasco o Navarra, por su foralidad, es la única región que no ha tenido representación en el comité de sabios convocados por los Ejecutivos de Mariano Rajoy y de las comunidades autónomas. Estos expertos elaboraron una propuesta enviada a los ministros Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría que recoge una mejor financiación principalmente para Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña, con 470 millones de euros más para esta región en comparación con los números de 2015.

Esto es, un 2,8% más, hasta los 17.452 millones. También mejoran Murcia, Canarias y Andalucía, y sale perdiendo el resto con el nuevo reparto, aunque se incluye una compensación inicial que se iría retirando gradualmente. Pero para que salga adelante, el Gobierno tendrá que acordar la propuesta con el resto del Congreso y con los Ejecutivos autonómicos. Algo que ahora, por Cataluña, parece muy lejano.