Cataluña se juega fiscalidad y los fondos de la UE, "pero un concierto a la vasca es inviable"

El debate sobre la reforma de la financiación autonómica ha vuelto a escena, con la campaña de las elecciones al Parlament de Catalunya del 14 de febrero como excusa. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene como uno de los objetivos de su acuerdo de programa con Podemos una actualización a fondo del sistema que rige ahora la fiscalidad y el reparto de recursos entre el Estado y las Comunidades Autónomas, caduco desde 2014, con una importante presión por parte de barones tanto del PSOE como del PP para que se ponga hilo a la aguja. En medio de esta cuestión irrumpe también la gestión de los fondos europeos tras la pandemia.

Varias comunidades están alineadas a la hora de pedir rebajas concretas de impuestos, aunque el debate más amplio sobre el régimen impositivo y de redistribución entre autonomías, que afecta a educación, sanidad o dependencia, se elevará a primera línea de la política nacional en cuanto la Cámara catalana acuerde un nuevo Gobierno. Los expertos avisan de que, mientras los acuerdos bilaterales en asuntos como los tramos autonómicos del IRPF, el reparto del IVA o la armonización fiscal se pueden cerrar en el corto plazo -tanto en Cataluña como en otras regiones-, la reforma general se desarrollará “a largo plazo”, avisa Marc Sanjaume, profesor de ciencia política de la UOC. Es más, “no se alumbrará un nuevo modelo hasta que no se puedan evaluar los estragos de la pandemia sobre la economía”.

Entretanto, rige el sistema la ley orgánica de 2009 y el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es el órgano en el que se reúne el Ministerio de Hacienda con los consejeros del ramo lleva sin reunirse desde 2018.

En los últimos meses ha habido iniciativas como las planteadas por las dos Castillas, Galicia, Rioja, Cantabria o Extremadura para que el nuevo sistema de financiación tenga en cuenta los intereses de la llamada España vaciada y no se rija sólo por criterios de densidad de población. Por otra parte, existe una iniciativa por parte de las Islas Baleares para que, sin llegar a un concierto como el Vasco, las regiones no pierdan el principio de ordinalidad, es decir, que no caigan posiciones en el ranking de comunidades más ricas tras el reparto solidario de impuestos.

“El dilema de la solidaridad versus competitividad va a centrar gran parte del debate”, afirma Sanjaune, ya que pone en jaque los intereses de las comunidades más dinámicas y que más aportan en relación al PIB a la hora de la distribución de las riquezas. De hecho, es una de las reivindicaciones históricas de Cataluña, por la que querría percibir en proporción a lo que aporta, una relación que deja un déficit de 16.000 millones anuales, según un reciente informe del grupo ‘Economistas por el Bienestar’. Sin embargo, los expertos subrayan que un régimen a la vasca es una absoluta quimera en Cataluña, aunque se podría aspirar “a una repartición con cierta ordinalidad tras el pago de impuestos”, indica Sanjaume.

Es la vía federalista que defiende el PSOE, en definitiva, que el mismo candidato del PSC, Salvador Illa, ha explicado como una propuesta para mejorar la financiación de Cataluña "en proporción a las necesidades que tiene en materia de gasto y también teniendo en cuenta las aportaciones que hace". El objetivo del exministro de Sanidad, si se cumple en las urnas lo que vaticinan las encuestas, es liderar la revisión de la fiscalidad de las autonomías, y en las previsiones del Gobierno entra que el tándem formado por Illa y el flamante ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, modulen la discusión política que se abordará de forma inminente.

LOS PARTIDOS CALENTARÁN CON EL REPARTO DE FONDOS EUROPEOS

El candidato del PSC, al igual que otros representantes de las distintas formaciones también ha puesto el acento en la partida correspondiente a España del Fondo de Recuperación y Resiliencia Europeo, del que las Comunidades Autónomas gestionarán alrededor del 54%. “Es un asunto clave, ya que lleva al Estado a un elevado nivel de cogobernanza”, explica el profesor de ciencia política de la UOC, y hace aflorar las pugnas entre los más centralistas y los que se inclinan por un modelo más federalista, por lo que son una antesala de la larga negociación por el cambio del modelo fiscal territorial en ciernes.

Pero no son los millones ya asignados donde está el quid de la cuestión, pese a que han levantado tensiones entre gobiernos regionales, quienes tal como subrayan los expertos de Barclays, “desempeñarán un papel importante en la ejecución de los fondos, lo que hace necesaria una coordinación cuidadosa y adecuada con el Gobierno central”. Sino que el pastel que aún está por repartir corresponde a la dotación de Bruselas para nuevos proyectos del Next Generation EU, con los que Cataluña pretende movilizar unos 41.467,8 millones de euros en inversiones a través de 27 proyectos que el Govern ya ha presentado esta semana.

Algunas voces desde el PP han cuestionado la iniciativa catalana, reclamado que los proyectos que acaben beneficiándose de estos fondos sean interterritoriales y no se queden solo en una comunidad. Desde algunos sectores se teme que la disputa entre barones del PP, socialistas y otros Ejecutivos regionales acabe por contaminar la revisión del régimen de las autonomías, pero Barclays cree que es un buena oportunidad para las regiones porque “dirigirán los esfuerzos de ejecución”, pese a que “habrá que supervisar cuidadosamente su capacidad para absorber un volumen tan grande de fondos”.

MESA DE DIÁLOGO PERO SOBRE FISCALIDAD

En cualquier caso, todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que una buena sintonía entre el Ejecutivo central y el Govern que surja de las urnas el 14 de febrero será fundamental a la hora de abordar el encaje territorial catalán y la futura revisión del sistema de financiación autonómico. Entre bastidores se sigue haciendo quinielas con alguna fórmula parecida al tripartito de hace más de una década, liderada ya sea por el PSC o por ERC -dando apoyo, ambas, desde dentro o fuera del propio Govern-. La alineanción de Illa con Sánchez e Iceta es incontestable, mientras que los republicanos, la fuerza que pugna con el PSC por obtener el mayor número de escaños y encabezar el gobierno, mantiene su apuesta por el diálogo y rechaza la unilateralidad que todavía enarbola Junts per Cataluña.

En este sentido, el Congreso ya ha dado luz verde para que la mesa de diálogo sobre Cataluña vuelva a reunirse tras los comicios. Dependiendo de quién llegue a ese espacio, se podría acabar convirtiendo “en un formato que derive en acuerdos fiscales bilaterales”, subraya Sanjaume. En última instancia, cree el politólogo que las aguas se calmen con algún tipo de acuerdo de mínimos en que el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos se comprometa a cumplir con el Estatut catalán en el punto en que establece que el Estado está obligado a invertir en Catalunya en materia de infraestructuras por un valor equivalente al porcentaje del producto interior bruto (PIB) catalán en relación con el PIB del conjunto del Estado.

Los analistas más optimistas tampoco descartan que salga adelante alguna propuesta parecida a la de En Comú Podem y que consisten en "incrementar la cesta tributaria”. Algo que se traduciría en aumentar el tramo autonómico del IRPF, introducir el impuesto de sociedades en ese paquete o incrementar la fase minorista del IVA.