Cataluña bajo la mirada de los empresarios: cara a cara entre defensores y detractores del referéndum del 1-O

La tensión por el conflicto catalán sigue escalando, y cada vez son más las voces que se pronuncian sobre el proceso independentista. Los empresarios también lo han hecho, y se pueden apreciar opiniones muy distintas sobre el referéndum convocado para el 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional pero que la Generalitat se empeña en mantener. Mientras que unos son firmes defensores del independentismo y del 1-O, otros se afanan en explicar las razones por las que la escisión sería un error y que critican las 'formas' del president Carles Puigdemont y del resto del Govern para mantener vivo el proceso a cualquier precio. Estas son las razones de ambos bandos.

Por un lado están los férreos defensores del referéndum, y dos organizaciones empresariales catalanas destacan por encima de todo en esta particular 'encomienda'. Se trata del Cercle Catalá de Negocis (CCN) y de Cecot. El Cercle, creado en 2008 por un grupo de empresarios “ante la necesidad de generar una respuesta decidida contra el ahogo económico de Cataluña”, como señala en su propia página web, ha elaborado diferentes estudios económicos, políticos y jurídicos sobre la independencia. Además, lejos de temer los posibles efectos de la secesión -algo contra lo que alertan los detractores del separatismo-, aseguran que la creación de un estado catalán independiente conllevaría beneficios económicos y para las empresas de Cataluña.

Los defensores de la independencia aseguran que la creación de un estado catalán independiente conllevaría beneficios económicos y para las empresas

Tal es la posición del CCN que, ante lo ocurrido en los últimos días, en concreto tras las detenciones de varios cargos de la Generalitat que se encargaban de organizar el 1-O, ha pedido al Govern de Puigdemont que “haga una declaración unilateral de independencia”. Esta organización defiende la independencia basándose, sobre todo, en cuestiones económicas, y asegura que con ella Cataluña tendría a su disposición todo el dinero que le 'pertenece' y que con ello podría hacer frente sin problemas a sus obligaciones. No obstante, remarca que en caso de que la recaudación de impuestos no sea suficiente para mantener los servicios públicos, se podría recurrir a diversas alternativas adicionales de financiación como la emisión de deuda pública, la venta de patrimonio público, el endeudamiento con autoridades monetarias internacionales, entre ellas el Banco Central Europeo (BCE), o incluso el endeudamiento con entidades bancarias.

Además, el Cercle niega que se vayan a instaurar aranceles especiales tras la independencia y señala que sólo se podrían aplicar aranceles si Cataluña renunciase formalmente a ser miembro de la Unión Europea. También señala que ni los inversores internacionales dejarán a un lado a Cataluña ni las empresas se irán a Madrid. Según afirma, con la escisión se “garantizará la viabilidad económica de Cataluña, la competitividad de las empresas, así como la correcta asignación de los recursos y los excedentes que genera la economía” catalana.

Por su parte, la patronal Cecot, integrada por gremios y asociaciones empresariales, no ha entrado a valorar los pormenores de la independencia, pero sí ha defendido el referéndum “como un elemento estructural de la calidad de la democracia”. “Consultar nunca debería dar miedo” porque “pone la base a partir de la cual establecer diálogos y poder tomar mejores decisiones” sobre “todos aquellos aspectos clave para el desarrollo social, empresarial y económico del país”. Además, afea la falta de disposición al diálogo del Gobierno en un momento como el actual, en el que cree que “la pericia de la política debería demostrar, más que nunca, estar al servicio de la ciudadanía mediante el diálogo”.

Asimismo, en un comunicado en su página web remarca que “recurrir constantemente a las leyes para solucionar conflictos políticos se ha demostrado históricamente que no es una vía efectiva”, en relación a las decisiones adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. “En Cecot consideramos que, en una sociedad democrática, las leyes son la expresión de una voluntad popular y no un elemento de coacción o inmutabilidad, por lo tanto pueden ser modificadas y actualizadas a las nuevas realidades por la vía del diálogo y el consenso”, concluye.

LA POSTURA DE LOS DETRACTORES

Estas posturas contrastan con la de las organizaciones empresariales que se oponen a la independencia o al referéndum por ser ilegal. Una de ellas es la patronal Foment del Treball, fundada en 1771 para representar a la industria catalana, que habla de diálogo pero que desde el principio se ha mostrado en contra de una consulta ilegal que va “contra el Estado de Derecho”.

Así lo dijo el pasado mes de julio, cuando se anunció la ley del referéndum. En ese momento dijo que no tendría que llegar al Parlament y que en ningún caso tendría que aprobarse porque supondría “un golpe de estado jurídico contrario al derecho interno e internacional”. También señaló que se apelaba a una “inexistente soberanía” del pueblo catalán y que “las reivindicaciones soberanistas sólo pueden ejercerse dentro del respeto a la Constitución y a la ley”. Así lo afirmó en pleno verano, aunque esta semana el Comité Ejecutivo de Foment del Treball se ha reunido y, aunque entre otras cosas ha tratado el tema del referéndum, no ha habido un nuevo posicionamiento. Los miembros de esta patronal decidieron por unanimidad no hablar hasta después del 1-O, la misma postura que ha adoptado el Cerce d'Economia.

Según los detractores, la independencia supondría “colapso económico por pérdida de mercados, pérdida de financiación, fuga de capitales, deslocalización de empresas y aumento del paro”

Aunque la organización más activa contra la independencia y contra la consulta convocada por la Generalitat es Empresaris de Catalunya. Creada en 2014 con el objetivo de “dar voz a los empresarios y profesionales de la empresa que deseamos alertar de las consecuencias negativas que traería el 'proceso secesionista' catalán para la actividad económica de Cataluña”, esta asociación ha puesto toda la carne en el asador contra el referéndum.

En las muchas intervenciones de su presidente, Josep Bou, y sus miembros, siendo uno de los más destacados el economista Daniel Lacalle, Empresaris de Catalunya se afana en explicar que la independencia tendría “repercusiones reales” para el “desarrollo de la actividad empresarial, el crecimiento de la economía catalana y el progreso y el bienestar de todos los catalanes”. “No estamos dispuestos a asumir unos costes y unos perjuicios evidentes que se derivarían de la secesión de Cataluña del resto de España para todos y cada uno de los catalanes”, defienden en su página web, en la que aseguran que “no se puede seguir perjudicando ni poniendo en riesgo las relaciones con los clientes, proveedores, fuentes financieras, inversores y socios del resto de España, que contemplan con preocupación y estupor la evolución del proceso secesionista”.

Esta organización defiende que la escisión “significaría la salida de la Unión Europea y de sus organismos e instituciones (entre otros, Banco Central Europeo y Banco Europeo de Inversiones)”, pero también de los tratados y mecanismos que “han contribuido y que aún contribuyen al desarrollo económico y social de Cataluña”. Asimismo, remarca, supondría “la desaparición de la libre circulación de personas, mercancías y capitales” y significaría “un colapso económico por pérdida de mercados, pérdida de financiación, fuga de capitales, deslocalización de empresas y aumento del paro”.

“Los graves problemas de financiación de las empresas catalanas se acrecentarían en el caso de la secesión de Cataluña”, insiste Empresaris de Catalunya. Esta misma semana la patronal ha organizado un encuentro en el que su presidente, Josep Bou, ha insistido en que la independencia “nos acarrearía más problemas que beneficios”. Además, aprovechó para confirmar los inmediatos efectos de la independencia: pérdida de financiación, huida de capitales, caída de inversión extranjera y la perdida de mercado con el resto de España y con la Unión Europea. En este encuentro, Lacalle aprovechó para desmentir que la Generalitat pueda encontrar una financiación más barata en los mercados de capitales tras la escisión, y en el mismo sentido se expresó sobre otro punto con el que los partidarios de la independencia defienden su punto de vista, es decir, sobre la posibilidad de realizar emisiones de bonos.

LO QUE PIENSAN LA CEOE Y LA CÁMARA DE COMERCIO

La semana pasada era la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) la que se pronunciaba sobre el referéndum en un comunicado. En concreto, la patronal que preside Juan Rosell dejaba claro que lo prioritario era mantener el Estado de Derecho, por lo que iba a apoyar “todas las acciones” para cumplir la ley ante el referéndum “ilegal” convocado por la Generalitat.

Lo dijo en un comunicado en el que, además, mostraba su preocupación por el impacto que este proceso puede tener en la confianza del mundo empresarial e inversor en Cataluña y también en el resto de España. Asimismo, reiteraba que los empresarios españoles siempre están “con la legalidad y por el cumplimiento estricto de las leyes y la Constitución española”.

La CEOE se posiciona del lado del Gobierno: apoya “todas las acciones” para cumplir la ley ante el referéndum “ilegal”

Y también se ha pronunciado la Cámara de Comercio de España. Su presidente, José Luis Bonet, advertía esta semana en una comparecencia de que una hipotética independencia de Cataluña sería una auténtica “catástrofe” tanto para Cataluña como para España y el resto de Europa. Además, alertó de los efectos que ya se han podido sentir, y es que “inversiones que se podían haber materializado están a la espera de ver qué pasa”. Unas consideraciones que también aparecían en la declaración institucional en la que la Cámara mostraba su apoyo al Gobierno en la defensa de la Constitución y la legalidad, porque Cataluña es una “parte esencial” de España.

En concreto, el comunicado que firmaron las 86 Cámaras territoriales y las 35 Cámaras en el exterior aludía al carácter integrador, negociador y dialogante del pueblo catalán, al mismo tiempo que le recordaba al Govern que la prosperidad característica de Cataluña depende de la actividad empresarial, que en estos momentos carece de estabilidad, certidumbre y seguridad jurídica por la deriva de los acontecimientos.