El borrador de los PGE aclarará el IRPF y los impuestos de sociedades y patrimonio
Hay acuerdo para regular el alquiler y el Ingreso Mínimo Vital
Como estaba previsto y tras negociar 'in extremis' con su socio de coalición, Unidas Podemos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevará este martes al Consejo de Ministros el borrador de los Presupuestos Generales de 2021. Las conversaciones entre PSOE y el partido de Pablo Iglesias se han extendido hasta la última hora del lu es tratando de salvar los últimos flecos como la subida del IRPF o el coto al precio de los alquileres. Ha habido acuerdo para regular los arrendamientos, pero habrá que esperar a conocer los detalles de las cuentas estatales para saber que pasa con el impuesto sobre la renta o los de sociedades y patrimonio.
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El Gobierno prevé aprobar el martes el proyecto de PGE de 2021 con nuevos impuestosEn el IRPF, las principales diferencias entre ambas formaciones, que se han encargado de dirimir la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente económico de Podemos, Nacho Álvarez, radican en que el partido morado se ha mostrado dispuesta a pactar un alza del gravamen sobre las rentas de 200.000 euros, frente a las reticencias de PSOE que opta por que afecte a rentas de más de 300.000 euros o que prefiere no incluirlo. Fuentes gubernamentales han avanzado que este incremento “se llevará a cabo en el momento en que el país pueda encajarlo”, lo que descarta una aplicación inmediata. No obstante, será en la rueda de prensa conjunta que prevén ofrecer Sánchez e Iglesias cuando se desvelará la decisión final.
La propuesta del acuerdo programático era subir dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros, en tanto que el tipo estatal aumentaría 4 puntos para rentas superiores a 140.000 euros.
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PSOE y Podemos salvan los PGE y al pactar 'in extremis' regular el precio del alquilerEstá en el aire también la subida de Patrimonio, para la que se preveía un alza del 1% del tipo a las fortunas de más de 10 millones de euros, aunque seguiría siendo bonificable por las comunidades autónomas.
Respecto al Impuesto de Sociedades, no se descarta alguna subida puntual a grandes empresas, si bien el PSOE opta por aplazarlo para la reforma fiscal "profunda" que prevé acometer cuando se recupere el crecimiento económico y para lo que va a designar un comité de expertos. La propuesta del acuerdo programático era una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. En cambio, la idea de bajar este tributo a las pymes del 25% al 23% parece que finalmente se descarta por ahora.
En el plano social, las cuestiones en liza eran las referentes al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza para calcular buena parte de las ayudas sociales. Montero ya confirmó que los Presupuestos incluirán una subida del mismo, tras tres años congelado, aunque está por determinarse el porcentaje. En las últimas cuentas fallidas se recogía un alza del 1%, y se negocia entre un alza del 3% (PSOE) o del 5% (Podemos).
PACTO EN ALQUILER E IMV
En cuanto a las otras demandas de la formación morada, se ha alcanzado un pacto para regular el precio de los alquileres en un horizonte temporal de cuatro meses -aspecto que se incluirá en el proyecto de ley estatal de vivienda- y facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IVM). El líder de Podemos se había ergido en un abanderado de esta cuestión, que defendía para lograr los apoyos de partidos como ERC e incluso Junts a los PGE. Recientemente manifestó en una reunión con el Sindicato de Inquilinos que había llegado el momento de cumplir la regulación del precio del alquiler, compromiso del acuerdo de gobierno, sobre todo ante la emergencia social relacionada con la pandemia.
BONIFICACIONES QUE SE QUEDAN Y LAS QUE SE ELIMINAN
Lo que sí parece seguro es la eliminación de los incentivos fiscales en el IRPF a planes de pensiones privados y se favorecen los planes de empresa. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aboga por el modelo británico de los planes de ahorro de empresa, con aportaciones adicionales de la compañía y el Estado por cada una del trabajador.
En cambio, parece haberse descartado la eliminación de las exenciones del IVA a los servicios educativos y sanitarios privados que barajaba el Gobierno y que habría supuesto una implantación de un 21% de IVA a la educación y sanidad privada. La AIReF ya avisó en un informe de que aumentaría el gasto público de acometerse esta medida.
OTRAS MEDIDAS RECAUDATORIAS
Las nuevas cuentas también recogerá, la subida de las pensiones con arreglo al IPC, en torno al 0,9%, en un porcentaje similar de alza salarial para los funcionarios, un ayuda para familias monoparentales y el aumento de los permisos de paternidad de 12 a 16 semanas. Asimismo, reflejarán un adelanto de 27.000 millones de euros de los fondos europeos previstos en el Plan de Recuperación y los distintos cambios tributarios, como la creación de un nuevo impuesto a los envases de plástico de un uso y a las bebidas azucaras y edulcoradas.
El Gobierno prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley de lucha contra el fraude de 6.847 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022, gracias a nuevos impuestos 'verdes', a los envases de plástico, un IVA del 21% a bebidas azucaradas, las tasas 'Google' y 'Tobin' y cambios en imposición directa e indirecta, lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año, hasta el récord de casi 494.490 millones de euros.
La ratio de ingresos sobre PIB se situará en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020, en tanto que la ratio de gastos públicos bajará del 53% al 48%, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más.
Los Presupuestos se elaboran con una previsión de caída del PIB del 11,2% este año y un repunte del 7,2% en 2021 (9,8% contando los fondos europeos), y con un 'techo de gasto' de 196.097 millones, un 53,7% superior, que incluye transferencias extraordinarias a las CCAA (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los fondos europeos (27.436 millones).