Baleares pone freno al alquiler turístico: ¿qué va a suponer y cómo afectará al sector?

El Gobierno balear ya ha puesto en marcha su nueva ley turística, con la que pretende poner coto al alquiler turístico que tantos problemas está generando en las islas. La normativa ha entrado en vigor esta misma semana, y lo ha hecho en medio de un ambiente cada vez más caldeado: ha aumentado la 'turismofobia' y hasta el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha salido a defender al principal motor de la economía española hasta en dos ocasiones. ¿Qué puede suponer la medida de Baleares y cómo afectará al turismo? ¿Optarán otras comunidades autónomas por seguir sus pasos?

Son muchas las dudas que han surgido en los últimos días en torno a este asunto. Los cambios en la Ley de Turismo de Baleares fueron aprobados el pasado 18 de julio en el Parlamento regional, pero no ha sido hasta este martes cuando ha entrado en vigor al publicarse en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). Ahora la Cámara autonómica tiene un mes para debatir y votar el Decreto ley de modificación de la nueva legislación, y los partidos ya han empezado a negociar.

La nueva ley balear sólo permite alquilar a turistas en viviendas unifamiliares y pareados, y en las plurifamiliares sólo si es vivienda habitual y durante un máximo de 60 días al año

La normativa busca frenar el fenómeno del alquiler turístico, que tanto ha crecido en los últimos meses provocando que el precio de los pisos y viviendas se dispare en Baleares, sobre todo en Ibiza, hasta el punto de que los propios habitantes y trabajadores de la isla tienen problemas para encontrar un piso en alquiler por los elevados precios.

Entre otras cosas, la nueva ley impide el alquiler turístico en edificios de viviendas plurifamiliares, a excepción de si se trata de una vivienda habitual, que se podrá arrendar por un tiempo máximo de 60 días al año. De esta forma, tan sólo se permitirá alquilar a turistas en viviendas unifamiliares y pareados. Además, establece por primera vez un techo real de plazas turísticas (623.324, tanto hoteleras como de alquiler vacacional) y un régimen sancionador para aquellas prácticas que no se ajusten a la legalidad, con multas de entre 20.000 y 40.000 euros en el caso de que la infracción sea cometida por los propietarios (alquilar por menos de 30 días sin contrato y sin que el inquilino haya pagado una fianza), y de entre 40.000 y 400.000 euros en el caso de las comercializadoras.

También será obligatorio que las viviendas estén inscritas en un registro y sus titulares deberán presentar la correspondiente declaración del inicio de actividad, y desde ahora las plataformas de alquiler turístico como Airbnb o HomeAway tendrán nuevas responsabilidades, como la de pedir el número de registro para publicar el anuncio. En este sentido, el Govern balear ha remitido ya un aviso a unas 30 plataformas sobre la entrada en vigor de la nueva normativa, al que ha adjuntado un requerimiento para que las que la incumplen en la actualidad, publicitando pisos que no se pueden alquilar bajo el prisma de la nueva legislación, dejen de hacerlo en un plazo de 15 días.

Y por si todo esto fuera poco, el gobierno balear ha anunciado la puesta en marcha de una plataforma electrónica para denunciar a los propietarios que alquilen sus viviendas ilegalmente.

LAS CRÍTICAS DE AIRBNB

La normativa no ha sido demasiado bien recibida por algunos colectivos, especialmente por el de las plataformas de alquiler turístico. Airbnb no ha contestado a las preguntas de este medio sobre la nueva legislación balear, aunque sí que emitió un comunicado, el mismo día de su entrada en vigor, afirmando que la ley es “compleja y confusa, y no diferencia entre familias locales que comparten sus hogares y operadores profesionales”.

En la nota, además, la empresa fundada en 2008 y con sede en San Francisco (California), defiende su negocio asegurando que “ayuda a crear turismo sostenible que beneficia a las familias locales y a sus comunidades”, al tiempo que subraya que ha trabajado con más de 300 gobiernos en todo el mundo para implementar leyes “simples y claras para el home sharing”, por lo que anima al Ejecutivo balear a hacer lo mismo. Y es que Airbnb, presente en 65.000 ciudades y 191 países, asegura que sólo en 2016 la economía de las islas logró un impulso de más de 500 millones de euros gracias al ‘home sharing’ (compartir casa) que se realizó a través de su plataforma.

Airbnb se defiende asegurando que ayuda a “crear turismo sostenible que beneficia a las familias locales y a sus comunidades”

También, en contra de lo que señala el Gobierno balear, que pretende frenar la especulación que se hace con los alquileres turísticos, Airbnb asegura que el “anfitrión típico” de las Islas Baleares ganó 6.300 euros compartiendo su espacio 40 noches al año el pasado ejercicio, remarcando además que su plataforma ha permitido que uno de cada ocho anfitriones locales que ha compartido su hogar haya podido evitar un desahucio.

Y como nunca llueve a gusto de todos, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) también ha criticado esta norma, pero por considerarla poco eficaz para controlar el alquiler vacacional. Inmaculada de Benito, presidenta de este organismo, se ha mostrado escéptica desde el primer momento, asegurando que la nueva normativa no acomete “los grandes problemas que tenemos en términos de control sobre la actividad irregular que se está realizando en el alquiler turístico”. La FEHM asegura que seguirá trabajando con el Govern para lograr controlar “la actividad irregular”, aunque insiste en que el verdadero problema es de “definición del modelo turístico.

Por su parte, la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Baleares (Aptur Baleares), ha denunciado que la nueva normativa “sólo da cabida a un conjunto minúsculo de viviendas, las unifamiliares aisladas y adosadas negando la realidad de este sector”. El alquiler de temporada es la mejor opción para “rentabilizar” una vivienda cuando no se usa y además, defiende este colectivo, “ayuda al pequeño comercio”, aunque “el Govern balear actual no es consciente de este efecto y condiciona, hasta casi impedir, el alquiler de temporada con la nueva ley”, reprocha.

De momento las novedades que plantea esta legislación no parece que vayan a extrapolarse a otras comunidades autónomas. Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho que la región es contraria a cualquier medida que penalice el turismo como la de Baleares, por lo que no se plantea tomar decisiones que restrinjan el alquiler de pisos turísticos. “Rechazamos cualquier tipo de medida que suponga restricciones al turismo como ésta de Baleares. Somos contrarios a las tasas turísticas o ninguna otra medida que suponga penalizar el turismo porque queremos turistas”, ha dicho la dirigente 'popular' esta misma semana.

Unas palabras que llegan tras la decisión del Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, que ha anunciado la creación de una tasa a operadores turísticos para visitantes que no pernoctan en la ciudad, y después de que el consistorio de Valencia haya abierto también la puerta a la posibilidad de implantar una tasa turística, aunque ha señalado que es un asunto que requiere ser estudiado al detalle.

EMERGE LA 'TURISMOFOBIA'

Rajoy dice que el turismo es “fuente de riqueza, empleo y prosperidad”, por lo que atacarlo es un “sinsentido” y un auténtico “disparate”

Además, en los últimos días se han multiplicado las protestas contra los turistas en ciudades como Barcelona o Mallorca. El fenómeno de la 'turismofobia' se está extendiendo, amparado en la creciente llegada de visitantes alojados en pisos turísticos, y ha derivado en toda una serie de acciones llevadas a cabo por la organización juvenil Arran, afín a la CUP, que han alarmado al sector y al propio Gobierno. Y también en País Vasco se han producido pintadas contra los turistas.

Esta semana el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, ha salido hasta en dos ocasiones a defender el turismo, la primera vez tras su visita al Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, y la segunda este miércoles, en la celebración del 40º aniversario de Hotusa en Chantada (Lugo). En ambas ocasiones el presidente del Gobierno ha defendido el papel clave del turismo para la economía española, ya que es el principal motor de crecimiento y supone el 11% del PIB y da empleo a 2,5 millones de personas.

El turismo, ha asegurado Rajoy, es “fuente de riqueza, empleo y prosperidad”, por lo que atacar a este sector es un “sinsentido” y un auténtico “disparate” que sólo se le ocurre a “extremistas y radicales”. “Tenemos que cuidarlo, mimarlo y tratarlo bien”, ha llegado a decir el jefe del Ejecutivo, que ha insistido en que al turista “no se le puede tratar a patadas”.