Hacienda estima una caída de ingresos tributarios del 8,7% , la mayor en 11 años
Debido a los aplazamientos concedidos en el primer semestre del año
Actualizado : 17:02
El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, cifra la caída de ingresos tributarios en términos homogéneos hasta el mes de octubre en un 8,7%, en comparación con el curso anterior. Así como la merma de la recaudación fiscal total en un 10,1%. Lo ha señalado Gascón en su intervención en un evento virtual organizado por Lefebvre sobre el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Gascón ha explicado que la caída de los ingresos tributarios se debe a los aplazamientos concedidos en el primer semestre del año, lo que supone una mejora en la coyuntura internacional en comparación con al año anterior. Resalta que es "positivo" que los ingresos caigan menos que la actividad, principalmente por que ese es el principal indicador de que la situación va "razonablemente bien" en un país cuando se refiere a la aplicación del sistema tributario.
La semana pasada en el Senado, Inés Bardón, la secretaria de Estado de Hacienda defendió las previsiones de ingresos del Gobierno manteniendo que tienen un "grado de seguridad muy alto". La previsión desde el Gobierno es que los ingresos tributarios cederán un 7,6% este año, hasta los 196.537 millones de euros, pero se elevarán un 13% en 2021, hasta los 222.107 millones, como recoge el proyecto de Presupuestos, gracias a la recuperación, una aportación de ingresos de 6.800 millones de euros derivada de los fondos europeos y la subida de impuestos.
La caída del 7,6% prevista en este caso supondría la mayor en once años, cuendo en los últimos ejercicios crecía de forma sostenida por encima del 10%, tras los desplomes durante los años de la anterior crisis, el de como 2008 (-13,5%) o 2009 (-16,9%). Los ingresos procedentes de fondos europeos y el impacto de los cambios normativos llevarán a alcanzar unos ingresos no financieros de 255.631 millones, un 14,5% más, consiguiendo un alza de los ingresos tributarios del 13%, hasta los 222.107 millones de euros.
LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE
En el evento virtual también se encontraba entre otros, el subdirector general de Tributos, Carlos Gómez, que subrayaba la importancia de regular los softwares de doble uso y las certificaciones exigidas en esta materia. El inspector en el departamento de Recaudación de la AEAT, Antonio Montero, ha destacado que el proyecto de ley de prevención de lucha contra el fraude contempla la actualización de la lista de paraísos fiscales, que refuerza asi el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas y prohíbe por ley las amnistías tributarias".Añadía sobre el nuevo sistema de recargos, que "no blinda la no sancionabilidad en un momento posterior si el contribuyente no ha regularizado y si es la administración la que comprueba".
Puntualizaba por otro lado sobre la posibilidad que recoge el proyecto de salirse de la "lista de morosos" incluso cuando el pago se efectúa fuera de plazo, así como la importancia de la precisión que sobre el plazo de ingreso "originario" se incorpora en la Ley General Tributaria.
Tambien han participado expertos como la catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia, Ana María Juan que se ha referido al debate respecto a cuándo y cómo puede pedir la Inspección de los Tributos autorización para una entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, sobre lo que ha indicado que "el sistema actual debe, y puede, integrarse a través de unas instrucciones jerárquicas que minimicen los riesgos de desproporción, o falta de razonabilidad, y que eviten que la multiplicación de entradas domiciliarias se convierta en un objetivo en sí mismo".
Por último, Marcos Álvarez catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense, ha explicado que la disposición transitoria única del proyecto habilita, indirectamente y a través del trámite de audiencia, para que puedan aplicar el nuevo sistema de recargos aquellos contribuyentes que ya hubieran interpuesto recurso contra la regularización administrativa.