Los abogados de Al-Thani denuncian posibles irregularidades en el traspaso de Antonín al Granada
MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)
Los abogados del propietario del Málaga CF, Abdullah Al-Thani, han denunciado la comisión de presuntas irregularidades en el traspaso del ya exjugador del conjunto blanquiazul Antonio Cortés Heredia 'Antoñín' al Granada CF, autorizado por el administrador judicial de la entidad, José María Muñoz.
Según informan en un comunicado, los representantes legales de Al-Thani han solicitado al Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga que el administrador judicial aporte "información detallada" sobre dicho traspaso de Antoñín al Granada "por haber podido cometer infracción legal e incurrir en responsabilidad mercantil como administrador judicial, al aceptar unas condiciones "muy inferiores al precio de mercado".
Asimismo, en el escrito al juzgado se le requiere a José María Muñoz que presente las garantías o seguros necesarios para hacer frente a susresponsabilidades al frente del Málaga. En este sentido, precisan que el club de la Costa del Sol habría recibido una oferta de 2,2 millones de euros por parte del Getafe, que iba a permitir que Antoñín acabara la temporada en el Málaga.
Por ello, lamentan que el administrador judicial haya aceptado un traspaso por "apenas" 1,5 millones de euros por una de las "principales joyas de la cantera" del Málaga para lo que resta de curso 2019-20."Además de este hecho objetivo, las alegaciones destacan que el propio Granada CF había reconocido que tenía especial urgencia por fichar a un jugador y que, por tanto, el precio de la operación podía negociarse en condiciones más ventajosas", añaden.
Además, el director deportivo del Granada CF, Fran Sánchez, habría expresado su interés por el jugador y reconocido que podía ofrecer una "cantidad superior" a la que ha aceptado el nuevo administrador judicial del Málaga.
"El hasta ahora equipo gestor había apostado decididamente por la continuidad de un jugador como Antonín, de 19 años y reconocido ya como uno de los valores de mayor proyección en el club, haciéndole una ficha como jugador profesional del primer equipo y aumentando su cláusula de rescisión de 3 hasta los 8 millones de euros", subrayan.
Igualmente, precisan los representantes de Al-Thani que el anterior director general del club, Richard Shaheen, rechazó la oferta del Getafe preveyendo que en el próximo mercado de fichajes de verano Antoñín podría haber incrementado su valoración "hasta los 4 o 5 millones de euros".
"Respecto a la excusa de necesidad de liquidez argumentada para adoptar esta decisión, hay que recordar que, en el momento de la toma de posesión del administrador judicial, las cuentas bancarias del club contaban con un saldo aproximado de 2,2 millones euros. Una cantidad que, sumada a los flujos de caja que genera el Málaga CF por su propiaactividad, permitía atender las obligaciones del club en los próximos meses sin necesidad de malvender a un jugador de esta relevancia", esgrimieron.
Por tanto, la razón de falta de liquidez "no se sostiene", a juicio de los abogados de Al-Thani, "salvo que se haya dispuesto de esa caja para fines que se desconocen y que resultaría todavía más lesivo para el club".
"Tampoco se sostiene la exigible diligencia y responsabilidad en la gestión cuando se adopta una decisión precipitada, apenas dos días después de su toma de posesión, sin haber recabado suficiente información, sin haber consultado al anterior equipo gestor, sin que consten informes profesionales independientes sobre el valor de la operación y sin recabar tampoco la autorización del juzgado ni la opinión de la persona propuesta como interventor", denuncian.
Además de las anteriores peticiones, la defensa del propietario del Málaga CF, encabezada por los abogados del despacho Baker McKenzie, ha reiterado la solicitud al Juzgado del nombramiento urgente del interventor, Richard Shaheen, designado por el propietario del club y requiere al administrador judicial que "se abstenga de tomar decisiones sobre activos esenciales" del club, incluyendo expresamente a los jugadores, sin previa consulta al interventor y al secretario judicial, para "no incurrir en adicionales responsabilidades mercantiles".