La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de los padres de Neymar, del Barça y del Santos por el fichaje del jugador

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de la madre del futbolista del F.C. Barcelona Neymar Da Silva, de N&N, sociedad familiar creada por el padre; el propio club catalán y el brasileño el Santos F.C. por el fichaje del delantero, al desestimar sendos recursos contra la decisión del juez instructor José de la Mata de acusar al propio jugador, a sus padres, a los dos equipos, al presidente del Barça, Josep María Bartomeu y su antecesor en el cargo Sandro Rosell por los delitos de corrupción entre particulares y estafa impropia.

Así ha informado en un comunicado la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos --que presentó una querella que abrió la causa-- . La Sala aún tiene pendiente de resolver los recursos presentados por Neymar Jr. y Bartomeu. En uno de los autos que ha dictado la Sala para confirmar el procesamiento, precisamente en el relativo a la madre del jugador, los magistrados afirman que existen "nítidos indicios de participación delictiva", dice DIS en su comunicado.

De la Mata dictó un auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado el pasado mes de noviembre, por el que concluyó la instrucción contra de los acusados al delantero, a sus padres por corrupción entre particulares; y a los dos equipos que formalizaron el traspaso del jugador, al presidente del F.C Barcelona, Josep María Bartomeu, y su antecesor Sandro Rosell por ese delito y por estafa impropia.

ALTERACIÓN DEL LIBRE MERCADO

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 el contrato "habría alterado el libre mercado de fichajes de futbolistas"

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 el contrato firmado en 2011 por el que Neymar recibía 40 millones euros para fichar en el futuro por el Barcelona "habría alterado el libre mercado de fichajes de futbolistas". Añadió que dicho fichaje habría impedido al jugador que entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia de modo que "se obtuviera una mayor cantidad económica por el traspaso" constituyendo el delito de corrupción entre particulares.

El juez instructor tomó esta decisión después de que la Sala de lo Penal le obligara a reabrir la causa, que él archivó, y modificando su primer auto de transformación, en el que ventilaba la cuestión en sólo tres párrafos, lo que provocó un recurso de la Fiscalía que reclamaba mayor motivación.

La causa se abrió por la querella presentada por la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos, que poseía el 40% de los derechos federativos del jugador, y que, según la Fiscalía, dejó de cobrar 3,2 millones de euros que le hubieran correspondido.