Neymar y sus padres declaran ante el juez De la Mata en la Audiencia Nacional
El jugador comparecerá ante el juez De la Mata en el caso que investiga su fichaje por el FC Barcelona
- Bartomeu y Rosell se negaron a declarar porque ya lo hicieron ante el juez Ruz por el mismo asunto
- De la Mata cifra que el coste del traspaso es de 83,3 millones de euros
Actualizado : 09:20
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración hoy al jugador del Fútbol Club Barcelona Neymar Da Silva, al que imputa los delitos de estafa y corrupción entre particulares en el marco de la causa en la que investiga el traspaso del brasileño al club catalán.
El magistrado, que ha tomado este lunes declaración como investigados al presidente del Barça, Josep María Bartomeu, y su antecesor en el cargo, Sandro Rosell, también interrogará a partir de esa hora a los padres del futbolista, Neymar Da Silva Santos y Nadine Gonçalves.
En su comparecencia ante el juez, Bartomeu y Rosell se han limitado a ratificar las declaraciones prestadas antes
En su comparecencia ante el juez, Bartomeu y Rosell se han limitado a ratificar las declaraciones prestadas ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que les interrogó entre los meses de julio de 2014 y febrero de 2015 en el marco de la causa principal, en la que se les investigaba por un presunto delito fiscal en el traspaso del jugador y ha sido asumida por los Juzgados de Barcelona.
Bartomeu explicó en aquel momento que el encargado de cerrar el fichaje en Brasil fue su antecesor Rosell y que él no tuvo intervención alguna. Por su parte, éste último defendió en 2014 la legalidad de la operación y cifró el traspaso en 57,1 millones de euros.
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De la Mata también ha interrogado al director general del club --que ha comparecido en calidad de representante legal de la entidad-- Ignacio Mestre y del Santos, equipo de origen del jugador.
El juez De la Mata admitió en junio pasado una querella presentada por la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos, que poseía el 40 por ciento de los derechos federativos del jugador, al entender que el equipo azulgrana pudo adquirirlos en 2013 "fuera de la normal competencia" y por un valor "inferior al del mercado". Según el juez, la operación para adelantar la incorporación del futbolista a la temporada 2013-2014 pudo "quebrar la libre competencia en el mercado de fichajes".
En este sentido, se dirigió al Real Madrid, al Manchester United, al Bayern de Munich y al Chelsea para preguntarles las ofertas económicas que habían realizado por el jugador, aunque sólo contestaron el equipo español, que cifró su propuesta en 45 millones de euros, y el alemán, que aseguró que no concretó ninguna cifra.
En octubre pasado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, órgano superior al magistrado instructor, avaló la apertura de la investigación en dos autos en los que señalaba que las operaciones urdidas por los querellados tenían "visos de perpetración criminal".
"VALOR INFERIOR AL DEL MERCADO"
Rosell y Bartomeu firmaron en noviembre de 2011 un contrato con Neymar y la sociedad de su padre, N&N, por el cual el Barça se hacía con sus derechos cuando finalizara su contrato con el Santos, en 2014, con un coste de 40 millones de euros.
El jugador debía rechazar todas las ofertas que recibiera, con una cláusula por incumplimiento para todas las partes de 40 millones. En ese año se firmó, además, un contrato de préstamo de 10 millones que el Barça abonó en diciembre. Entre 2013 y 2014 se abonaron los 30 millones restantes.
El magistrado justificaba la posible comisión de un delito de corrupción entre particulares argumentando que esta operación tuvo la finalidad de adquirir los derechos del futbolista "fuera de la normal competencia con el resto de clubes interesados en su fichaje por valor inferior al del mercado y sin pagar las cuantiosas cifras que otros clubes podrían estar dispuestos a pagar".
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Estas operaciones, según el juez, implicaron "un incumplimiento" de las obligaciones del futbolista que "impactó decidida y decisivamente en la libre competencia y en el mercado de contratación de jugadores". Además, recuerda que, de acuerdo la denominada Ley Pelé de Brasil, "cualquier transferencia de un deportista profesional depende de su consentimiento profesional y expreso".
SIMULACIÓN DE CONTRATOS
En relación con el delito de estafa por simulación contractual, el auto de admisión a trámite señalaba que la operación se fraguó al menos con dos contratos que supusieron "una simulación", pues "pretendían disfrazar lo que en realidad era el pago por la transmisión de los derechos federativos con otros conceptos que no obedecían a la realidad".
El primer contrato "simulado" habría consistido en el pago de 7,9 millones de euros por un convenio de colaboración en materia de fútbol base que habría permitido la adquisición por parte del Barça de los jugadores Víctor Andrade Santos (por el que pagó 3,2 millones), Givanildo Pulgas Da Silva (1,8 millones) y Gabriel Barbosa Almeida (2,9 millones).
El segundo contemplaba la celebración de un partido amistoso en Brasil con Neymar como jugador del Barça, que de no celebrarse, como así ha sido hasta la fecha, suponía un pago de 4,5 millones al Santos.
una simulación contractual dirigida a perjudicar a DIS
El juez explicaba que estos dos acuerdos se firmaron "prácticamente en la misma fecha que la transferencia de los derechos federativos", y que presuntamente supondrían "una simulación contractual dirigida a perjudicar a DIS", que debería haber recibido "un porcentaje" de los mismos.
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En el primer procedimiento por el fichaje de Neymar la Fiscalía pide que Bartomeu sea condenado a dos años y tres meses de cárcel y Rosell a siete años y medio, al tiempo que reclama que los dos mandatarios y el propio club abonen multas e indemnizaciones por responsabilidad civil que superan los 62,6 millones de euros.
De la Mata, que abrió juicio oral por el 'caso Neymar' el pasado 13 de mayo, cifró el coste del traspaso en 83,3 millones de euros, en contra de lo defendido por Rosell, que aseguró que la operación se hizo por 57,1 millones. La Fiscalía elevó el coste del traspaso a 94,8 millones de euros.
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