Costa Rica presenta su propuesta para regular las criptomonedas: menos impuestos
Aseguran que atraerá a inversores extranjeros, especialmente 'fintechs'
Actualizado : 12:44
La diputada costarricense Johana Obando ha presentado un proyecto de ley al Congreso de Costa Rica para regular el mercado de las criptomonedas en el país centroamericano, una propuesta que contempla unos impuestos significativamente más bajos para las ‘criptos’.
En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, la política costarricense explica los pormenores de la llamada Ley de Mercado de Criptoactivos (MECA), un texto con “perspectiva liberal” que busca “dar protección a la propiedad privada virtual individual, a la autocustodia de criptoactivos y a la descentralización, sin injerencia y en absoluta armonía con la política monetaria establecida por el BCCR (Banco Central de Costa Rica)”.
Hoy presentamos el proyecto "Ley de Mercado de Criptoactivos", exp.23415. Les dejo un hilo sobre el proyecto y contesto algunas preguntas que nos hicieron. 1/13
— Johana Obando (@JohanaDiputada) October 24, 2022
La idea es contar con una ley que reconozca lo que son los activos digitales y que permita a quienes quieran comprar, vender, gastar y almacenar sus criptomonedas hacerlo sin interferencia del Gobierno de Costa Rica.
Presentado junto con los diputados Luis Diego Vargas y Jorge Dengo, el proyecto de ley no permitiría al Ejecutivo gravar las criptodivisas cuando se utilicen para comprar bienes. Tampoco habrá impuestos sobre las criptomonedas almacenadas y las criptomonedas producidas por la industria criptominera tampoco estarían sujetas al impuesto sobre las ganancias al capital. Sin embargo, los beneficios del comercio de criptomonedas sí estarían sujetos al impuesto sobre la renta. Asimismo, se deja por fuera el cobro del IVA, por ejemplo, si un criptoactivo se transfiere como moneda virtual privada para adquirir otra moneda de curso legal.
Según el artículo 14 del texto, los proveedores de criptomonedas pagarán un canon anual de acuerdo con su tamaño, estructura, cantidad y monto de las operaciones y número de empleados. Con esta medida buscan que cubrir el 50% de los gastos en los que incurra el organismo supervisor, según informa el medio ‘CRHoy’.
Asimismo, Obando, miembro del Partido Liberal Progresista, ha intentado marcar distancia con El Salvador, al borde de la quiebra después del desplome del bitcoin. “¿Propone este proyecto de ley lo mismo que El Salvador? Absolutamente no. MECA introduce las criptomonedas como moneda virtual privada, de libre acceso y circulación y no obliga al Estado a su adquisición o sustitución de reservas monetarias como el caso de El Salvador con bitcoin”, ha explicado la política.
¿Propone este proyecto de ley lo mismo que El Salvador? Absolutamente no. #MECA introduce las #Criptomonedas como moneda virtual privada, de libre acceso y circulación y no obliga al Estado a su adquisición o sustitución de reservas monetarias como el caso de ES con #Bitcoin 9/12 — Johana Obando (@JohanaDiputada) October 24, 2022
Por otra parte, la diputada costarricense ha señalado que MECA “establece que cualquier ‘fintech’ que se instale en Costa Rica” deba cumplir con “la normativa establecida”, pero también que busca conseguir inversión extranjera directa. “¿Es MECA una ley propuesta solo para “grandes empresas”? No. La reactivación económica es digital. Estas empresas al instalarse en Costa Rica generarían empleos directos e indirectos y posesionarían a Costa Rica como un ‘hub’ de inversión en la región y a nivel mundial”, ha puntualizado.
“En Latinoamérica, países como Brasil, México, Colombia y Chile han desarrollado normativas ‘fintech específicas, lo cual invita a la inversión extranjera directa de empresas. Costa Rica, por medio de la ley MECA, busca posicionarse entre estos destinos de inversión, para generar empleos”, ha añadido Obando.
En este sentido, la política ha destacado que Costa Rica es un país donde hay compañías con capacidades para entrar en esta economía y que no han podido operar “por falta de un marco de legalidad y seguridad jurídica”.