Análisis | El Rey y Cataluña: las generales de la ley

El discurso anual del Rey ha tenido en esta ocasión un objetivo claro: recordar y remarcar la normalidad democrática, una vez superada en buena medida la crisis, tanto económica como política, por la que acabamos de transitar.

Es obvio que el jefe del Estado, cuya neutralidad tiene una cuidadosa consagración constitucional, no puede marcar caminos ideológicos ni sugerir cambios significativos en los derroteros de la soberanía popular, pero sí puede e incluso debe traer a colación el gran consenso político y convivencial sobre el que está establecida nuestra convivencia. Y esto es lo que ha hecho Felipe VI en su tercer discurso de Nochebuena, el que podría llamarse de la plena normalización institucional.

Las referencias se han dirigido a la superación de la compleja situación política

El Rey no ha omitido las consideraciones sociales que impulsan la idea monárquica en toda Europa desde antecedentes remotos: la recuperación –ha dicho, debería “crear mucho más empleo y de calidad, y también corregir tanto las desigualdades derivadas de una crisis tan profunda como la que henos vivido, como fortalecer, en general, nuestra cohesión social”.

Tras esta introducción en el terreno socioeconómico, las referencias se han dirigido a la superación de la compleja situación política por la que acabamos de atravesar. Lo que abre paso a un futuro en que “el diálogo y el entendimiento entre los grupos políticos permita preservar e impulsar los consensos básicos para el mejor funcionamiento de nuestra sociedad”.

Tras recordar que la democracia se basa en el respeto y que “la intolerancia y la exclusión, la negación del otro o el desprecio al valor al valor de la opinión ajena no pueden caber en la España de hoy”, el Rey ha recordado las reglas del Estado de Derecho, en el que “no son admisibles ni actitudes ni comportamientos que ignoren o desprecien los derechos que tienen y comparten todos los españoles para la organización de la vida en común. Vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad, sólo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada, y, luego, al empobrecimiento moral y material de la sociedad”.

Para concluir esta reflexión de este modo: “porque el progreso, la modernización, el bienestar, requieren siempre de una convivencia democrática basada en el respeto a la Ley, en una voluntad decidida y leal de construir y no destruir, de engrandecer y no de empequeñecer, de fortalecer y no de debilitar”.

Dicho más llanamente, en una democracia legítima, madura e incontrovertible como la nuestra, basada en un ordenamiento constitucional solemne que se consiguió con extraordinario consenso y que ha permitido andar casi cuarenta años de convivencia en paz, el estado de derecho es irrenunciable, y este se basa en el acatamiento incondicional de las normas democráticas de que nos hemos dotado, siempre en el bien entendido de que nuestra Constitución es abierta, por lo que esas reglas también pueden cambiarse por los procedimientos establecidos. Todos lo sabemos pero no está mal que la Corona, la jefatura del Estado, nos lo recuerde cuando algunos parecen haberlo olvidado.