MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La Red Agua Pública (RAP), integrada organizaciones sindicales, ambientales y sociales, ha escrito una carta a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que le piden que promueva la gestión pública del agua, la remunicipalización de los servicio y que se prohíban los cortes de suministro.
En la carta, acusan al 'lobby empresarial' del sector del agua de querer iniciar los cortes de agua "en plena alarma sanitaria" e insisten a la vicepresidenta cuarta del Gobierno que apoye la remunicipalización del abastecimiento y saneamiento porque consideran que es "la mejor manera de cumplir el derecho humano al agua".
La plataforma, de la que forman parte varias decenas de organizaciones, expresa en la misiva su "preocupación y estupor" por la posición que en la alarma sanitaria mantienen las empresas privadas a través de sus portavoces Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) y Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS).
En este contexto, recuerdan que los decretos ley 8 y 11 de marzo de 2020 garantizan el derecho humano al agua tanto de los sectores sociales vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social (RD ley 8/2020), como los que, debido a la crisis del COVID-19 y al actual estado de alarma, lo son potencialmente (RD ley 11/2020).
"Apoyamos estas medidas de protección social, que suponen la garantía del suministro continuo de agua a las familias y la prohibición de los cortes, y exigen la solidaridad de los operadores de agua hacia la ciudadanía que resultará golpeada por la actual crisis sanitaria y social", añaden.
En ese sentido, advierten de que en una carta dirigida también a Ribera el 3 de abril AGA "mantiene que en aras a mantener la sostenibilidad del servicio, es necesario poder realizar cortes en el suministro ya que, de lo contrario, (sic) se aumentará la morosidad a muy corto plazo ocasionando un déficit financiero estructural.
Asimismo, critican al sector por que plantea la posibilidad de modificar la duración de las concesiones para asumir las pérdidas ocasionadas por la disminución del consumo que se producirá por la crisis sanitaria.
"Aprovechan la crisis sanitaria para pedir modificaciones legislativas, que afectan a la Ley de Contratos del Sector Público, evadiendo la transferencia de riesgos que está implícita en los contratos de concesión", denuncia la plataforma que afirma que el sector aprovecha la crisis sanitaria para "intentar sacar provecho para sus intereses empresariales".
En su carta proponen al Gobierno que suprima las limitaciones y condiciones vigentes a la gestión y financiación pública de los servicios de agua previstos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como paso previo a su derogación.
Asimismo, piden establecer nuevos enfoques y líneas de financiación que favorezcan la gestión pública de estos servicios esenciales vinculados a derechos hunos y dotar de financiación suficiente a los servicios públicos de gestión directa que son garantes del mantenimiento de la salud humana.
Igualmente, piden a la ministra que prohíba los cánones concesionales porque, a su juicio, son instrumentos que favorecen la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, introducen prácticas opacas y fomentan la corrupción que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados.
Otra de sus propuestas pasa por facilitar la remunicipalización de los servicios para asegurar la estabilidad del empleo y una gestión no lucrativa, pública, transparente y con rendición de cuentas.
Por último, rechazan la creación de un regulador único sino que proponen crear un organismo como un Observatorio o Laboratorio que propicie la comunicación, cooperación y el apoyo mutuo entre los entes locales, a la vez que garantice la transparencia en el ciclo y el acceso a la información por parte de la ciudadanía como garante de su participación activa y efectiva.