SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este lunes que, en relación al traslado de los 507 argelinos rescatados a principio del mes de noviembre en aguas de Murcia al centro penitenciario de Archidona (Málaga) habilitado de manera provisional como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el Gobierno ha actuado "con absoluto respeto a la Ley y a los derechos de estas personas".
En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras firmar un convenio de colaboración con la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, para proyectos de transformación digital de la justicia en Andalucía, Catalá ha aseverado que el Gobierno "tiene la obligación de atender a esas personas que se encuentran en una situación de necesidad".
"La propia normativa tanto española como comunitaria prevé, cuando hay una situación extraordinaria, transitoria y de necesidad, que se puedan utilizar otros centros administrativos del Estado para poder alojar" a los inmigrantes, "siempre con la calidad, el respeto y las condiciones que estas circunstancias requieren", ha manifestado el ministro.
Y "eso es lo que ha sucedido en este caso, una circunstancia sobrevenida, extraordinaria, absolutamente transitoria", ante la cual "se han utilizado unas instalaciones para poder atender" a los inmigrantes "adecuadamente" y con "absoluto respeto a la Ley y a sus derechos".
El ministro ha asegurado que estos inmigrantes "tienen todas las garantías formales, jurídicas y de atención sociosanitaria", punto en el que ha mostrado su confianza en "tener capacidad de medios suficientes para que estas circunstancias tan especiales no vuelvan a repetirse".
Para finalizar, ha afirmado que las administraciones públicas y la sociedad españolas "siempre han hecho un ejercicio de solidaridad con los extranjeros que llegan a nuestras tierras". "Esta situación es transitoria, extraordinaria, pero dentro del marco y con todas las garantías y todos los derechos", ha sentenciado.
De su lado, Rosa Aguilar ha señalado que desde la Junta no se ha cuestionado que el Gobierno central esté actuando en el marco de la legalidad en este asunto, pero "sí hemos dicho que nos identificamos plenamente con lo que estaban diciendo las ONG", y es que "no nos parecía una decisión acertada y por lo tanto hay que tomar otras decisiones y medidas que no vayan en esa dirección de recluir en una cárcel, aunque no esté abierta todavía como tal, a los inmigrantes".