• Josep Rull dice que la última palabra la tendrán los catalanes
  • Mas seguiría preparando un supuesto plan B
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Las declaraciones del conseller de Territori y Sostenibilittat, Santi Vila, asumiendo que una negativa del Tribunal Constitucional (TC) invalidaría la consulta, han levantado ampollas en el Govern de la Generalitat. Los convergentes no se ponen de acuerdo sobre si la última palabra acerca de la votación soberanista del 9 de noviembre en Cataluña la tiene el TC o los ciudadanos de Cataluña. El bloque soberanista tiene grietas por las que se filtran comentarios de algunos pesos pesados del partido.

Las últimas declaraciones de Vila, reconociendo el papel de árbitro del TC y su advertencia que “la alternativa a no respetar la ley es la inseguridad y la incertidumbre”, suscitaron una rápida respuesta del coordinador general de CDC, Josep Rull, que se apresuró a asegurar que “la última palabra la tendrán los catalanes”. “Somos gente seria y cumpliremos los compromisos”, enfatizó Rull.

El mismo Artur Mas podría estar evaluando una alternativa, el famoso plan B que desde las filas populares la presidenta del PPC volvió a afirmar que el president de la Generalitat guardaba en la manga. En una entrevista en Rac 1, Alícia Sánchez-Camacho dijo tener la certeza de que Mas sabe que no celebrará la consulta y que acabará por convocar unas elecciones anticipadas.

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QUÉ OPINAN MAS Y JUNQUERAS

El president ya ha dicho en diversas ocasiones que no hay planes alternativos, si no fases de una misma “hoja de ruta”, la que pactó con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que le lleva inexorablemente hacia el 9-N. Pero el líder republicano no le hace el juego al líder del Ejecutivo catalán y recientemente ha reconocido que mantuvieron una reunión en la que hablaron de llamar a los catalanes a las urnas en unas plebiscitarias.

Y mientras desde CDC y del Govern no se acaban de poner de acuerdo sobre si sacarán las urnas a la calle si el TC tumba la consulta, Junqueras juega a amedrentar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vinculando la decisión del Ejecutivo central sobre la consulta con la recuperación económica de España. Dice Junqueras que los inversores internacionales reaccionarán con violencia si finalmente se prohibe el proceso consultivo.

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