Violación a los derechos humanos y tortura deshonra a instituciones de seguridad: CNS

Por ello, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, ofreció una disculpa pública por los hechos ocurridos en Ajuchitán del Progreso, Guerrero, los cuales “son intolerables, deshonran” y no quedarán impunes.

“La tortura ofende a la ciudadanía y deshonra a las instituciones de seguridad”, expresó Sales Heredia durante el lanzamiento del Programa Nacional de Capacitación Policial en derechos humanos de la Comisión Nacional de Seguridad.

Esto luego de que se publicó en redes sociales un video en donde militares y policías federales torturan a una mujer para tratar de obtener información. En la imagen se ve una soldado quien encañonaban con un arma y asfixiaban con una bolsa en la cabeza a la detenida.

El comisionado de Seguridad dijo que en este caso “procede disculparnos públicamente” y asumir las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan, y reconoció que se deben mejorar los mecanismos para prevenir los actos de tortura y sancionarlos cuando ocurran.

El funcionario puntualizó además, “que estos hechos deben ser un parteaguas para hacer manifiesto el compromiso que se tiene para erradicar este flagelo”.

Para esta tarea ponderó el apoyo y respaldo que ofrece el Estado mexicano a los elementos que actúan en apego a los derechos, al tiempo que resaltó que “no aceptaremos actos de tortura”, contra los cuales se procederá de manera implacable.

En su oportunidad, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, calificó los hechos como reprobables, e indicó que esa no es la forma de trabajo de la corporación.

“Por el contrario, la Policía Federal trabaja con la investigación técnica, científica y profesional, al tiempo que manifestó que ya se tomaron acciones contra los involucrados en los hechos señalados.

“No aceptaremos actos de tortura”: Renato Sales Heredia

En ese sentido, detalló que se procedió de manera administrativa, no solo contra el elemento femenino que se observa en el video, sino contra dos más, que participaron en estos hechos, además de que ya se “ministerializó” para continuar con la investigación en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR).

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EJÉRCITO SE DISCULPA

Ante estos hechos, el pasado 16 de abril el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, ofreció una "sentida disculpa" por la tortura de una civil en febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, en el estado de Guerrero (sur), que se conoció a través de un vídeo en el que participan dos militares, que ya han sido procesados por el caso, y una policía federal.

Con este escenario, Amnistía Internacional (AI) consideró que la condena pública de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el caso de tortura a una civil en el que participaban dos miliares ha de ser "el primer paso de un cambio de política".

Según AI, esta disculpa "constituye un primer paso, que debe impulsar un nuevo enfoque oficial a la hora de emprender acciones eficaces para sancionar y prevenir las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en México".

Esto debe ser "el primer paso de un cambio de política": AI

Asimismo, la organización condenó que la "construcción del discurso del Gobierno mexicano se articulara nuevamente en torno a la calificación de los hechos como hechos aislados cometidos por personas que actuaban por su cuenta".

Dijo que es "necesario" que el Ejecutivo y las autoridades militares "reconozcan la magnitud y gravedad de la violaciones de derechos humanos perpetradas por personal militar en el desempeño de sus operaciones".

Según la ONG, esta condena pública ha de ir acompañada de un "ejercicio de rendición de cuentas" que "garantice por parte de autoridades civiles investigaciones serias" sobre las acciones y estrategias de las Fuerzas Armadas.

"Es notable que esta sea la primera vez que la Secretaría de la Defensa Nacional pide disculpas públicas por un caso de tortura", afirmó el director ejecutivo de Amnistía en México, Perseo Quiroz.

En su turno, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, destacó: "Ha habido avances, pero debemos reconocer que no hemos logrado erradicarla y que su práctica persiste en distintos ámbitos de la cadena de seguridad pública", afirmó.

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