Presidenta Bachelet pide cárcel y multa de $7 millones para periodistas de Qué Pasa

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Justicia declara admisible querella de Bachelet contra revista Qué Pasa

La querella tiene como destinatarios al director de Qué Pasa, Juan Pablo Larraín -hoy director de La Tercera-, el editor general, Francisco Aravena, y los periodistas Rodrigo Vergara y María José Tapia y solicita "para todos los querellados una pena en concreto de 3 años de reclusión y multa de 150 unidades tributarias mensuales".

Bachelet presentó la querella "como ciudadana y no como Presidenta”.

Esto, además de las costas del juicio. En el caso de Vergara y Tapia, el representante de Bachelet plantea en la querella que se les considera “autores debido a que son quienes redactaron la nota publicada en el sitio web de la revista el 26 de mayo. Ahora bien respecto a la nota de la edición impresa, ésta no señala qué periodista o periodistas la habrían redactado”.

Porque, tal como explicó Hermosilla en CNN, la acción judicial se funda en la nota que llevamos en nuestra edición impresa, particularmente en la sección "Ojos de la Llave" denominada "Los secretos de Juan Díaz, el operador de Caval", en la que se transcribió parte de las conversaciones telefónicas de Juan Díaz interceptadas por el OS9 de Carabineros que se encuentran en la carpeta investigativa del caso Caval.

“La edición maliciosa que crea un relato injurioso a mi representada se desprende del hecho de validar tácitamente los dichos de Juan Díaz, al titular de la referida forma la nota, al hablar de ‘secretos’ del mismo modo como algo cierto, no relativizando su veracidad en parte alguna”, dice la querella.

El texto, además, plantea una conspiración política al señalar "el día viernes 27 de mayo en la edición impresa, se publica la nota en que se extractan única y exclusivamente aquellos fragmentos de declaraciones del señor Díaz que supuestamente dicen relación con mi representada, eliminando todas aquellas referencias relativas al Sr. Pablo Longueira".

Asimismo y aunque la misma mandataria señaló que presentaba la acción penal "como ciudadana y no como Presidenta”, ofreció como testigos al ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz; la jefa de gabinete de la Gobernante, Ana Lya Uriarte -quien en 2012 prestó servicios a Caval-, y al periodista Ascanio Cavallo, actual asesor del ministerio de Relaciones Exteriores para el juicio en La Haya con Bolivia.

En el caso del vocero y la jefa de gabinete, el libelo acusatorio justifica su testimonio en que depondrán "sobre hechos previos, coetáneos y posteriores a la publicación de la nota periodística motivo de la presente querella, como asimismo de la afectación de la honra tanto objetiva como subjetiva sufrida por mi representada".

Respecto de Cavallo el documento señala que "depondrá sobre los estándares de exigencia, control y responsabilidad que conlleva el cargo de director de un medio de comunicación social y su estructura editorial, además de los hechos que motivan la presente querella".