Alberto Fujimori pide la anulación de una condena; deudos de víctimas se sienten insultados

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Sostiene el antaño presidente y hogaño reo que la Justicia no ha sido justa con él y que el juez que lo encerró, el letrado César San Martín, no ha sido un profesional de cuerpo entero. Alega Fujimori que 14 meses antes de emitir la sentencia, San Martín consultó con abogados amigos españoles sobre su caso. En otras palabras, afirma Fujimori, César San Martín no fue imparcial. “Se manifiesta una palmaria violación al principio de presunción de inocencia y de imparcialidad del juzgador”, dijo Fujimori desde el penal Barbadillo, en el distrito limeño de Ate-Vitarte, en donde cumple sentencia.

La solicitud de Fujimori se ha hecho sentir como un cuchillo carnívoro para los deudos de las víctimas, quienes la consideran un insulto.

La solicitud de Fujimori se ha hecho sentir como un cuchillo carnívoro para los deudos de las víctimas. Gisela Ortíz Perea, la representante de los familiares de los nueve estudiantes y el profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) que fueron secuestrados, asesinados y sepultados en Cieneguilla por miembros del Ejército Peruano en 1992, ha dicho a la prensa que le pedido de Alberto Fujimori, encontrado culpable por ser el “autor mediato”, es “un insulto”.

“No solamente es un insulto a los familiares, es un insulto al derecho que tenemos a la justicia y es un insulto a los propios sistemas de justicia del país”, señaló en declaraciones a la Agencia Andina. Y añadió: “Es realmente inadmisible que Fujimori siga presentando recursos, no solamente para invalidar esta sentencia ante el Poder Judicial... también lo ha hecho antes ante el Tribunal Constitucional y todos los procesos que ha iniciado los ha perdido”.

Para el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, con este pedido, Fujimori, sus familiares y su defensa solo buscan el “efecto lástima”. “La intensión es victimizarlo, porque saben que el Poder Judicial va a responder con un no rotundo”, dijo Arbizu a Andina.

La justicia peruana tiene 15 días útiles para comunicar si anulará la sentencia y se empezará un nuevo juicio sobre el caso o no.

En 2009, tras año y medio de juicio, la justicia peruana condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión, estableciendo su responsabilidad penal por la desaparición y ejecución de 27 personas en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Los restos de cuatro de las víctimas todavía no han sido encontrados. El fallo precisa que Fujimori saldría en libertad el 10 de febrero del 2032. Alberto Fujimori cumplirá, si su fecha de nacimiento es la correcta, 76 años en julio próximo.

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