La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a partir de este miércoles a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos acusados en el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
De este modo, la vista oral comenzará este miércoles con la presentación de las cuestiones previas por las partes personadas, cuestiones previas que se prolongarán también los días 14 y 15 en horario de mañana, tras lo que el juicio está previsto que se reanude ya el 9 de enero de 2018 con la declaración de los acusados. A partir del día 9 de enero de 2018, el juicio tendrá sesiones los lunes y martes en horario de mañana, a partir de las 10,00 horas, y los miércoles en horario de mañana y tarde, aunque se podría habilitar alguna sesión semanal más en caso de que fuera necesario.
No obstante, fuentes consultadas por Europa Press han indicado que el juicio comenzará este miércoles pero podría sufrir "retrasos" en su desarrollo debido a que no será hasta el día 12 de diciembre, un día antes del inicio de la vista oral, cuando la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apruebe definitivamente las comisiones de servicio necesarias para que dos magistradas que conforman el tribunal estén "liberadas" y puedan dedicarse "con exclusividad" al estudio de la causa.
Por el momento, se desconoce cuál puede ser la duración del juicio por la denominada pieza 'política' de los ERE
El CGPJ aprobará estas comisiones de servicio después de que, el pasado día 14 de noviembre, el Ministerio de Justicia habilitara económicamente las mismas.
Las fuentes consultadas han explicado que, cuando se planificó el juicio, se adoptó un "compromiso" para que estas dos magistradas --Pilar Llorente y Encarnación Gómez-- estuvieran "liberadas" para estudiar con "exclusividad" esta causa un mes o mes y medio antes del inicio del juicio, lo que finalmente no se producirá hasta un día antes de la vista oral y conllevará "retrasos" en su desarrollo.
Por el momento, se desconoce cuál puede ser la duración del juicio por la denominada pieza 'política' de los ERE, aunque todas las partes coinciden en que se prolongará durante varios meses y algunas fuentes apuntan a que podría llegar al año de duración.
LOS 22 ACUSADOS
Los acusados, además de Chaves y Griñán, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Innovación, Francisco Vallejo; de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.
El juicio también se dirige contra los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá; de Innovación, Jesús María Rodríguez, y de Economía, José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.
El listado de acusados se completa con los ex directores generales de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; y los ex secretarios generales técnicos de este departamento Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.
LAS PETICIONES DE ANTICORRUPCIÓN
La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 ex altos cargos procesados.
La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación
Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.
Por el delito de malversación, el Ministerio Público pide seis años de cárcel y 20 de inhabilitación para el Griñán, Martínez Aguayo y Manuel Gómez, mientras que, para otros 12 ex altos cargos, eleva su petición por el delito de malversación hasta los ocho años de prisión y la misma pena de inhabilitación.
En este último grupo se encuentran José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano.
La Fiscalía pide que estos 15 acusados a los que se atribuye el delito de malversación respondan solidariamente de la "devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E", y establece para ello distintas cuantías que tendrían que devolver.
741 MILLONES DE EUROS
Así, cifra la cantidad que deben devolver estos 15 acusados por malversación en más de 741 millones en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales considera que Griñán debe devolver solidariamente junto a otros acusados 483,9 millones de euros, por las ayudas concedidas entre 2005 y 2010.
De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta en el caso ERE ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.
En el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo de 2016, el juez Álvaro Martín manifestaba que, "entre los años 2000 y 2011, se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse procedimiento específico".
Según el magistrado, su objeto era "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros".
