Ejecutivo aprobó procedimiento de registro de víctimas de esterilizaciones forzadas

La víctima tiene que acudir a la sede de la dirección distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de su localidad a fin de solicitar su inscripción en el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas. El mismo es personal y solo en casos excepcionales se permitirá la actuación de un representante. El defensor público de víctimas, asignado por el director distrital de la Sede, recogerá la información en una ficha única, que posee la calidad de declaración jurada. Si el declarante habla en un idioma distinto al castellano tendrá que intervenir un intérprete. Si es iletrado deberá concurrir un testigo de su libre elección para dar fe del contenido que se escribe en la ficha y la posterior firma y sello.

Las esterilizaciones sin consentimiento previo e informado constituyen una grave violación a los derechos humanos de las mujeres.

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Luego de la inscripción el declarante será derivado al profesional médico competente, al médico obstetra de su elección o al médico forense de la dirección para su evaluación. Tras esto el médico efectuará un informe que será remitido a los defensores. Cabe indicar que este registro se declarará improcedente si en el proceso de verificación no se comprueba la que a la persona se le haya practicado la referida intervención.

Anteriormente, la organización Amnistía Internacional exhortó al Estado peruano a elaborar un registro de las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori para que posteriormente sean indemnizadas. El gran número de esterilizaciones forzadas que tuvieron lugar en los 90 en el Perú ha dejado una ola de sufrimiento que solo podrá comenzar a remediarse si sus víctimas tienen acceso a la justicia y a reparaciones,” dijo en su momento Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, entre los años 1996 y 2001 se realizaron 272,028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías en todo el país. Sin embargo, no se conoce con exactitud el número de mujeres y hombres que fueron operados sin su consentimiento.

Las esterilizaciones sin consentimiento previo e informado constituyen una grave violación a los derechos humanos de las mujeres. “Gran parte de las mujeres afectadas son indígenas y campesinas de bajos recursos y quechua hablantes cuya salud se vio afectada y deteriorada como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas,” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú.

El presidente peruano Ollanta Humala dijo que las esterilizaciones forzadas ocurridas en la década de los noventa “fue una práctica bochornosa que nos avergüenza como Estado. [...] La mentalidad de ese estado era eliminar la pobreza eliminando los pobres".

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