La CNMV se alinea con las peticiones de las gestoras de fondos y sugiere a Europa que dé marcha atrás en algunos de los puntos esenciales de MiFID II para salvar el negocio del sector de la inversión y proteger al mismo tiempo a los inversores. En un documento de respuesta del supervisor español a una consulta pública abierta por la Comisión Europea el 17 de febrero tras dos años desde la implementación de la normativa europea, la CNMV no obstante también aboga por profundizar en otras reformas, como prohibir los incentivos (o retrocesiones) para todos los productos minoristas.
En su respuesta a la posible revisión de MiFID II que estudia la UE, el organismo presidido por Sebastián Albella señala que “respaldaría una evaluación de la posible introducción de una prohibición de incentivos completa para todos los productos minoristas en toda la Unión, siempre que la prohibición se aplique no solo a los productos MiFID, sino también a otros productos similares como los instrumentos de seguros de inversión, para garantizar la igualdad de condiciones necesaria”, en referencia, por ejemplo, a los unit linked y similares.
En caso de mantenerse en gran medida el régimen actual, la CNMV apoyaría posibles alternativas para hacerlo más efectivo: “El enfoque debe ser asegurar que, en el caso de los incentivos, las empresas realmente tengan que implementar mejoras importantes y significativas en la calidad del servicio y que las mejoras sean lo suficientemente relevantes teniendo en cuenta el tamaño del incentivo en cuestión”, según el supervisor español, para quien la Comisión Europea debería introducir reglas para evitar formas fáciles de eludir el régimen de incentivos, con una lista de posibles mejoras.
'UNBUNDLING' Y CLIENTES "SEMIPROFESIONALES"
En sentido amplio, y viendo lo que ha sucedido con la práctica de los inversores durante estos dos años y, concretamente, en la crisis del Covid-19, la CNMV insta a Bruselas a realizar una “reconsideración radical de MiFID II sobre el unbundling”, es decir, la obligación legal de separar el coste del análisis de valores del de la ejecución de órdenes. Según el organismo español, la desagregación de costes está afectando “significativamente de forma negativa a la cantidad y, probablemente, también a la calidad del análisis disponible para los gestores de carteras y fondos, especialmente en la información sobre pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa”. En su opinión, es “preocupante en el actual clima macroeconómico y en el contexto del relanzamiento del proyecto de la Unión del Mercado de Capitales".
Noticia relacionada
A este respecto, su propuesta es que las entidades puedan optar por no participar “imponiendo a aquellos que optan por no cumplir la obligación de informar específicamente a los clientes sobre su decisión y justificar de vez en cuando (por ejemplo, anualmente) en un informe escrito presentado al consejo (o enviado a la autoridad supervisora pertinente) que los costes adicionales relacionados con el pago de tarifas de intermediación más altas corresponden a investigaciones valiosas y han sido asumidos por los clientes en términos generales de manera equitativa”.
En cuanto a la noción de clientes “semiprofesionales” que propone Europa, a caballo entre los minoristas y los profesionales, la CNMV se opone, ya que no ha detectado “ningún problema o deficiencia en el régimen de clasificación actual” y, de aprobarse, “agregaría más complejidad al régimen actual de MiFID II”.
Para los clientes profesionales, lo que sí defiende el organismo presidido por Albella es aligerar la sobrecarga de información, con una reducción de la información sobre costes y cargos.
