El impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, tendría un impacto mínimo sobre los clientes de fondos de inversión y planes de pensiones, según el diseño de la tasa que el gobierno está manejando. Impactaría un 7% sobre la rentabilidad total de los fondos de inversión a 25 años y un 6% sobre el rendimiento de los planes de pensiones en el mismo periodo.
Esa es la estimación que realiza la patronal de los fondos y las gestoras en España, Inverco. El cálculo lo ha hecho público su presidente, Ángel Martínez-Aldama, en el X Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva, organizado por APD, Deloitte y la propia Inverco.
Por ejemplo, sobre un capital acumulado de 100.000 euros en fondos por parte de un partícipe, su rentabilidad neta descontada la tasa Tobin -si finalmente fuese aprobada y siguiera vigente durante todo ese tiempo con las mismas condiciones- sería de 93.000 euros. Para el mismo patrimonio en planes de pensiones, el rendimiento neto con impuesto incluido sería de 94.000 euros. A esto, además, habría que sumarle el tramo correspondiente de IRPF por las plusvalías.
A priori, el impacto sería menor, ya que la tesis que maneja el gobierno de Pedro Sánchez sobre la tasa Tobin excluye deuda, salidas a bolsa, derivados, bonos convertibles en acciones y liquidaciones de los creadores de mercado, según adelantó El País. No obstante, Inverco califica el impacto de “muy negativo”, ya que el daño “lo acabarían pagando los pequeños y medianos ahorradores a través de sus fondos de inversión y planes de pensiones”.
El Gobierno planea incluir un impuesto del 0,2% a la compra de acciones de grandes empresas, imitando el modelo que funciona en Francia desde 2013. Con esta tasa, su objetivo es recaudar unos 1.000 millones de euros.
MIFID II, AL COMPLETO ANTES DE FIN DE AÑO
Otro de los temas calientes del encuentro fue MiFID II, que está en su primer año de vigencia en Europa y recientemente aprobado su primer nivel mediante real decreto ley en España, sobre la que planeaba una multa de la Unión Europea por no transponer al completo la directiva europea a tiempo.
Ahora España debe aprobar el segundo nivel de la directiva, es decir, reglamentar aspectos concretos del primer nivel, contenidos en el real decreto ley de finales de septiembre. A este respecto, el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, da una alta probabilidad a que el real decreto reglamentario esté en el BOE “antes de finales de diciembre”, con lo que MiFID II terminaría de transponerse.
Todavía queda por reglamentar los supuestos en los que se puede cobrar retrocesiones, el unbundling (desagregación de los costes de análisis de inversiones y ejecución de operaciones), los condicionantes del asesoramiento independiente o la gobernanza de producto.
Sobre la falsa gestión activa que la CNMV perseguirá con nuevas obligaciones a los fondos, Albella reconoce no estar preocupado. “La industria española sale bien parada. Apenas hemos detectado una decena de fondos sobre más de 1.500 con deficiencias de transparencia sobre el closet indexing”, señala, y remarca que la presión del supervisor español en este punto está en línea con todos los supervisores europeos que forman ESMA, quien ya emitió un comunicado similar en 2016.
