- Aseguran que las medidas de Fomento no servirán para mejorar el control sobre las VTC y evitar que capten clientes por la calle
- El representante del taxi denuncia además la existencia de conductores de VTC "piratas"
Los taxistas han convocado un paro en todo el país el próximo 29 de noviembre en protesta por la proliferación de compañías de vehículo de alquiler con conductor (VTC), como son Uber y Cabify, cuyas licencias superan las fijadas por ley y sus prácticas de intrusismo y competencia desleal.
Nos vamos a replantear convocar un paro nacional, aunque no nos gusta tener que causar molestias a nuestros clientes
Así lo indicó Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi, mayor asociación del gremio, tras concluir de forma "insatisfactoria" la reunión mantenida este lunes con el Ministerio de Fomento. "Nos vamos a replantear convocar un paro nacional, aunque no nos gusta tener que causar molestias a nuestros clientes", indicó Leal. El eventual paro se sumará a la manifestación que ya está convocada en Madrid para ese mismo día 29.
El presidente de la patronal del taxi consideró insuficientes las medidas que Fomento ultima para ordenar la convivencia entre este gremio y las nuevas empresas de transporte urbano. En su opinión, no servirán para mejorar el control sobre las VTC y evitar que capten clientes por la calle, algo que por ley no pueden hacer.
El representante del taxi denuncia además la existencia de conductores de VTC "piratas", que dan servicio sin la correspondiente licencia, que se suman a los miles que las lograrán por vía judicial en los próximos dos años en virtud del vacío legal en el sector de hace unos ejercicios. Por todo ello, el presidente de Fedetaxi pide medidas adicionales y que se impliquen todas las administraciones para solventar un problema que, según auguró, puede generar conflictividad y alteración del orden público.
POSTURAS ENFRENTADAS
Los taxistas, que en los últimos años han venido denunciando reiteradamente la competencia desleal y el intrusismo que considera supone el VTC para su gremio, han manifestado ahora su "gran preocupación" por el impacto que este aluvión de licencias tendrá en "los puestos de trabajo del taxi, su precarización y el propio sistema de transporte de las ciudades". Por ello, han advertido de nuevos actos de protesta, además de la manifestación ya programada en Madrid el próximo día 29.
De su lado, las empresas como Uber y Cabify mantienen que su negocio no es competencia del taxi, sino complementario, y que "beneficia a la sociedad, ya que contribuye a que los ciudadanos se planteen dejar su coche particular en casa y a que las ciudades estén menos congestionadas y sean más sostenibles".
Con el fin de atajar el conflicto entre los dos sectores, Fomento prepara desde el verano una serie de medidas que espera aprobar este mismo año. Entre ellas figura la prohibición de vender licencias VTC en los dos años siguientes a su concesión y la obligación de que estas empresas inscriban en un registro público todos los servicios que realicen, para los que deberán llevar una matrícula que les diferencie del taxi.
LA PROPUESTA DE FOMENTO
Entre las medidas reveladas, una de las que más revuelto han causado es que los vehículos de los taxistas y los de las empresas como Uber y Cabify pasarán a llevar unas nuevas matrículas distintivas de color azul indicativas del servicio de transporte urbano que prestan. El Gobierno ultima y prevé aprobar estas y otras medidas mediante Real Decreto antes de que acabe el año para atajar el conflicto surgido entre ambos sectores.
Entre el resto de iniciativas figura la prohibición de que las VTC vendan las licencias en los dos años siguientes a su obtención para evitar así que se genere una 'burbuja' especulativa con las entre 10.000 y 11.000 autorizaciones de este tipo que se espera que los tribunales ratifiquen en los dos próximos años en virtud de un vacío legal del sector entre los años 2009 y 2013.
Además, en virtud de dicho Real Decreto se articulará un registro público en el que las empresas como Uber y Cabify deberán registrar todos los servicios de transporte que contraten. De esta forma, según el alto cargo de Fomento, se garantiza que cumplan con el requisito de que cada servicio de transporte tenga un contrato previo, y se evite que capte clientes por la calle, y se mejorará su inspección por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Gómez-Pomar mostró su confianza en poder aprobar este paquete de medidas antes de que concluya el año, si bien indicó que ello dependerá del informe que debe emitir el Consejo de Estado, que actualmente lo está estudiando.
