El Ministerio de Fomento, encabezado por Ana Pastor, ha pedido a Hacienda que mejore las condiciones de los futuros acreedores de la Empresa Nacional de Autopistas, en la que se incluirán las infraestructuras nacionalizadas después de que las compañías concesionarias las hayan declarado en quiebra, según ha informado este jueves el periódico económico 'Cinco Días'.
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El Estado tendría que hacerse cargo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, de la que actualmente es titular la banca y que fue aprobada para que las compañías concesionarias realizasen la inversión, por lo que en el caso de no llegar a un acuerdo tendría que pagar por este concepto cerca de 4.000 millones de euros.
En este sentido, la cartera dirigida por Ana Pastor pretende englobar diez concesiones y llevar a cabo una quita del 50%, mientras que la otra mitad de la deuda sería canjeada por bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1% y máxima del 4%, en función del rendimiento que ofrezcan las autopistas. Con este movimiento, Fomento podría estar intentando acercar el rendimiento al del bono español para conseguir que se trate de una deuda líquida. Aulesa y Ausur se oponen a este plan.
El Ministerio español tiene hasta el próximo 18 de julio para alcanzar un acuerdo con sus compañeros de Hacienda, ya que ese día podría abrirse el primer expediente de liquidación de las concesionarias, al reunirse la junta de los acreedores de la AP-36, gestionada por Ferrovial, Sacyr y Kutxa.
De todos modos, los bancos, entre los que se encuentran las principales entidades españolas, han calculado que obtendrían una rentabilidad del 1,5% y la banca internacional, con la que las concesionarias habían contraído un tercio de la deuda, están presionando para que el rescate de autopistas se haga de forma individual.
G.D.