El Gobierno estima en "más de" 2.000 millones de euros la 'factura' del 'rescate' de las nueve autopistas de peaje quebradas, que se hará efectivo el próximo mes de enero con el fin último de volver a sacarlas a concurso para ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.
Se trata del importe que el Ejecutivo reservará en el Presupuesto prorrogado del ejercicio 2018 para atender la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) que el Estado tiene ante los actuales concesionarios de estas vías, esto es, el importe que tiene que pagarles por las inversiones que realizaron en construirlas.
El Gobierno incluye esta cifra en el Plan Presupuestario que acaba de enviar a Bruselas, en el que dice que "la evolución del gasto en inversiones en el 2018 está afectada por la cobertura por importe de más de 2.000 millones de euros para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los procedimientos judiciales de las ocho autopistas de peaje que se encuentra en concurso de acreedores".
Tal como el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha indicado en reiteradas ocasiones, la RPA que calcula el Gobierno es así un importe sustancialmente inferior al de unos 5.000 millones de euros que estima el sector.
En el documento remitido a Bruselas, el Ejecutivo añade que la Responsabilidad Patrimonial del Estado ante estas autopistas se "activará" a principios de año, esto es, cuando todas las vías estén en liquidación, se rescindan los actuales contratos de concesión y el Gobierno las asuma, un proceso previsto para el próximo mes de enero.
No obstante, la 'activación' de la RPA, esto es, el hecho de que el Gobierno se vea obligado a atender este pago, no quiere decir que lo abone de forma efectiva.
De hecho, el propio Ministerio ya ha asumido que el importe que finalmente tenga que pagar será determinado por un juez tras un proceso judicial, al dar por hecho que los concesionarios recurrirán los importes que fije la Administración.
CUBRIR PARTE DE LA 'FACTURA'
Además, y tal como el Gobierno apunta en el documento mandado a la UE, Fomento prevé cubrir parte de esta 'factura' que las autopistas fallidas supondrán en las arcas públicas con los ingresos que obtenga con su adjudicación a nuevas empresas que se encarguen de explotarlas.
El Departamento de De la Serna ya tiene listo este plan de rescate, que sustituyó al inicialmente diseñado por su antecesora Ana Pastor, toda vez que las autopistas comenzaron a recuperar parte de los tráficos perdidos durante la crisis y ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos con los 'fondos buitres' que se quedaron con el grueso de su deuda, que asciende a unos 3.200 millones de euros.
De hecho, recientemente, uno de estos fondos internacionales trató de 'arrebatar' la autopista radial R-2 Madrid-Guadalajara a Fomento, al intentar evitar que cayera en liquidación planteando un plan de viabilidad para quedarse con su explotación, dado que se trata de la única de las nueve en quiebra que no tiene RPA.
Además de esta vía, las otras ocho autopistas fallidas son las otras tres radiales de Madrid, la Ocaña-La Roda, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera y la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas.
