Las patronales del sector quieren visibilizar la importancia del personal de limpieza, que ocupa al 2% de los asalariados en España
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Las dos grandes organizaciones nacionales del sector de la limpieza profesional en España han lanzado un llamamiento para que la Administración acceda a corregir las condiciones económicas en las contratas. No hacerlo, advierten, supone un riesgo para la estabilidad de miles de trabajadores en la actual coyuntura de inflación.
El sector, representado por las Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales (Afelín) y la Asociación Profesional de empresas de la Limpieza (Aspel), plantean así una reforma a la Ley de Desindexación de la Economía, ya que conforma un marco legal que actualmente impide a las empresas de limpieza actualizar los precios de los contratos ya firmados con la Administración.
Por tanto, insisten en que esta situación representa un verdadero problema económico para las empresas debido al incremento de costes: inflación, aumento del SMI y cotizaciones sociales, costes de energía, etc.
"Actualmente muchas empresas de servicios que trabajan para la Administración lo hacen a pérdidas, tratándose de una situación insostenible denunciada por Afelín y Aspel desde hace más de un año", señalan en un comunicado conjunto enviado a propósito del Día del reconocimiento al personal de limpieza que se celebra el 18 de octubre en España.
UNA REFORMA A LA LEY DE DESINDEXACIÓN
Las patronales explican que con la reforma a la Ley de Desindexación las empresas podrían repercutir estos aumentos en los contratos de limpieza actualmente en ejecución y podrían seguir prestando servicios de calidad a las administraciones públicas, sin poner en peligro la estabilidad de miles de trabajadores.
También señalan que en España más de 570.000 personas trabajan en alguna de las cerca de 36.000 empresas (pymes en su mayoría) que conforman el sector, representando el 1,05% del PIB. Además, explican que hasta el 2% de todos los asalariados en España trabajan en este sector.
Asimismo, detallan que de esta fuerza laboral dependen a diario las condiciones de higiene, limpieza, salud y bienestar necesarios en más de 30.000 centros educativos, 13.000 centros sanitarios así como miles de industrias, comercios y poblaciones.
PRÓRROGAS NEGOCIABLES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LAS EMPRESAS
Afelín y Aspel también proponen que las prórrogas de los contratos públicos sean negociables entre la Administración y las empresas y no sean forzosas como hasta ahora.
Es decir, eliminar la obligatoriedad para el contratista de cumplir con las prórrogas en contratos públicos, los que permitiría una mayor flexibilidad en las negociaciones y una mejor adaptación a condiciones cambiantes.
Explican las empresas que el hecho de que continúen prestando el servicio de forma obligatoria (incluyendo prórrogas) sin recibir a cambio ningún tipo de compensación por costes sobrevenidos, está acarreando unas pérdidas que están poniendo en peligro la continuidad de la actividad en miles de contratas de limpieza de espacios y edificios públicos.
"Resulta incomprensible que esté siendo precisamente el sector privado quien esté dignificando nuestro sector pagando el precio que toca por los servicios de limpieza, mientras la administración -que debería ser ejemplo de calidad laboral para los más vulnerables- haga lo contrario de lo que predica", señalan los presidentes de Aspel y Afelín, Juan Díez de los Ríos y Jesús Martín, respectivamente.
CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTRATACIÓN
Por último, indican que una de las reivindicaciones de sector es que el criterio para contratar no sea simplemente la oferta más económica, sino que se apliquen criterios de valor óptimo.
Es decir, que según la directiva europea, debe contratarse por criterio de precio-calidad aplicándose otros criterios, como por ejemplo, la sostenibilidad e innovación de las empresas o la formación de los empleados.