Perú, México y Argentina, los destinos más seguro para invertir

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El informe, que analiza la seguridad jurídica y la protección a la inversión en siete países de Iberoamérica, apunta, por el contrario, al “severo retroceso” que ha experimentado la imagen de Colombia y advierte de la compleja situación de Bolivia.

Asimismo, recomienda “estar atento” a la evolución de las reformas puestas en marcha en Costa Rica y a las propuestas de fortalecimiento del sistema de regulación y supervisión en Chile, dos países que, no obstante, destacan entre los más seguros para la inversión.

El informe toma como base una serie recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en seguridad jurídica y protección a las inversiones como la calidad regulatoria, las autoridades independientes de regulación o las acuerdos internacionales de protección de inversiones para ver cómo se cumplen en cada país.

Así, valora el reciente cambio de orientación política de Argentina “que parece dirigido a corregir la lamentable regresión experimentada por el país en materia de la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras” y a devolverlo “a su tradicional estatus como un país atractivo y seguro”.

De México destaca que su “arraigada tradición de recepción de inversiones extranjeras” se ha reforzado con las recientes reformas que han abierto a la competencia de sectores “hasta entonces monopolizados verticalmente por el Estado”.

En cuanto a Perú lo pone como “un buen ejemplo” de mejora en todos los aspectos relacionados con la seguridad jurídica para inversiones extranjeras, calidad regulatoria y fortalecimiento institucional.

Por lo que se refiere a Chile, el informe constata “su posición de liderazgo en la región y de referencia internacional de buen comportamiento en materia de promoción de inversiones” aunque recomienda reformas en su regulador de telecomunicaciones.

De Costa Rica destaca que el marco jurídico de protección “le ha permitido incrementar sus experiencias de éxito como país atractivo” aunque señala la necesidad de avanzar en las reformas de sus autoridades regulatorias para que ganen independencia.

Más negativo es el análisis de Bolivia, país al que pone como ejemplo “de la incertidumbre y preocupación generada por algunos Gobiernos de orientación populista” con una intensa política de nacionalizaciones.

En cuanto a Colombia, se urge a una reforma “que confiera verdadera independencia y autonomía a las autoridades de regulación y supervisión”, entre otros aspectos.

Con este análisis, Cremades&Calvo Sotelo busca ofrecer una panorámica de la situación actual de la institucionalidad en estos países así como valorar los niveles de protección de las inversiones extranjeras, especialmente en sectores regulados como la energía o las telecomunicaciones.