El Gobierno ha aprobado la mayor oferta de empleo público de la historia. Se trata de 39.574 plazas, un 15,8% más que en 2022, cuyas convocatorias deberán publicarse antes del 31 de diciembre de 2023. De ellas, 27.246 plazas corresponden al turno libre.
La oferta masiva se debe, según ha explicado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a la "necesidad objetiva de fortalecer unas plantillas que se debilitaron por años de recortes y por tasas de reposición cero".
Además, ha detallado que las plazas reforzarán las plantillas de la Administración General del Estado, la de Justicia, el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. En concreto, 29.818 plazas corresponderán a la Administración del Estado, 1.907 se destinarán a la Administración de Justicia, 2.833 al Cuerpo Nacional de Policía y 2.875 a la Guardia Civil. También, 1.358 plazas de funcionarios de prisiones y 76 para la DGT.
La oferta tiene como ejes estratégicos garantizar la atención a la ciudadanía, la cohesión social y territorial y la innovación y digitalización. De hecho, el 44,18% de las plazas corresponden a servicios esenciales y atención a la ciudadanía, como se ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Mientras, un 20,97% de la oferta está vinculada a la cohesión social y la igualdad de oportunidades y el 12,07% restante se volcará en la digitalización y la innovación.
Todas las convocatorias deban publicarse antes del 31 de diciembre de 2023 y sus procesos selectivos completados antes de que pasen dos años. La fase de exámenes durará un máximo de nueve meses y estará compuesta por hasta cuatro pruebas.
Con esta oferta de empleo público de 2023, en los últimos cinco años se han ofertado 183.443 plazas, un 189% más que en el lustro anterior, cuando se alcanzaron los 63.394 puestos. Así, entre enero de 2018 y julio de 2022, se crearon 169.734 puestos en el Sector Público del Estado, el Sector Público de las CCAA y el Sector Público de la Administración Local. Lo que contrasta con el periodo comprendido entre 2012 y 2018, cuando se perdieron 124.454 empleos en la Función Pública.
MECANISMO RED DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO
Por otro lado, el Gobierno ha aprobado el decreto ley sobre el desarrollo normativo del Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, el instrumento diseñado para mantener el empleo en situaciones de crisis cíclicas o sectoriales. Se trata de una medida de flexibilidad interna y protección temporal que sucede a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
El Mecanismo Red se recoge en el Real Decreto-ley 32/2021 de medidas urgentes para reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Ahora se aprueba su desarrollo reglamentario, en el que se contemplan los beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las empresas, así como las acciones formativas y el compromiso del mantenimiento del empleo al que van vinculadas dichas exenciones en la cotización.
Asimismo, queda estipulado en esta normativa que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social será la autoridad laboral competente para pronunciarse sobre los requisitos alegados para solicitar esta ayuda.
Además, se establece el fondo que garantizará la financiación adecuada para la protección social de las personas trabajadoras acogidas al mecanismo y las exoneraciones a las empresas.
"Este mecanismo contribuye a mantener y estabilizar el empleo frente a otras soluciones que facilitan el despido", ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo, Yolanda Díaz, recordando que "se ha ensayado con éxito durante la pandemia y además, particularmente, con las agencias de viaje, donde funcionó conforme a lo previsto".
