Tras la proposición de ley que han registrado PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para crear los dos nuevos impuestos a la banca y energéticas, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que se necesitará una mejora en el trámite parlamentario para beneficiar a las compañías que mejor se comporten con los precios que facturan a los ciudadanos. También para concretar los años que se tendrán en cuenta para determinar las empresas obligadas al pago de esta prestación patrimonial.
La redacción de la Proposición de Ley da lugar a que los técnicos piensen que la prestación patrimonial no afectará a los beneficios extraordinarios, si no que recaerá sobre las empresas energéticas con mayor volumen de ventas y sobre los bancos con mayor margen neto de intereses y comisiones. No obstante, esas compañías pueden ser las más responsables e impongan un menos precio que la competencia, y dicho menor precio las llevaría a aumentar su cuota de mercado, por lo que pagarían mayor cantidad
Por ello, los técnicos consideran más adecuado establecer los gravámenes por la mayor diferencia "unitaria" entre los beneficios obtenidos en 2022 y 2023 sobre los logrados en 2019. Asimismo, ajustar los volúmenes de facturación por los Megavatios/hora o Toneladas de hidrocarburos vendidos en cada año, o los márgenes netos por las partidas del activo de los Bancos de las que se obtienen.
En cuanto a la publicación de la proposición de ley, Gestha manifiesta que debe aprobarse antes de acabar el año para evitar la tacha de retroactividad. En cualquier caso, apuntan que se ha optado por una “prestación patrimonial” para simplificar el debate parlamentario y reducir el riesgo en los Tribunales.
Así la idea es tomar dicha opción en vez de aprobar un impuesto temporal como se hizo con la Tasa Google, el impuesto sobre determinados servicios digitales, que se aprobó con efectos del 16/01/2021 con carácter transitorio hasta que entrase en vigor el Acuerdo de la OCDE para la tributación de las multinacionales, sin que se haya objetado doble imposición por estas grandes multinacionales.
También, han propuesto que los ingresos procedentes de las empresas energéticas sean redistribuidos a los consumidores finales para paliar en parte los elevados precios actuales. Por ejemplo, mediante un descuento separado en facturas como la de gas, electricidad, o hidrocarburos de los consumidores, proporcional a su consumo. De esta manera, además, se incentiva una inversión adicional en energías renovables.
Gestha no cree que las compañías afectadas vayan a repercutir los impuestos a sus clientes, debido a que se enfrentan a una supervisión de la CNMC y del Banco de España. Esa práctica sería ilícita y les supondría un aumento de la cifra de ventas o de los márgenes netos pagando una mayor prestación patrimonial en 2023, y correrían el riesgo de figurar entre los mayores pagadores de la prestación patrimonial. Esto supondría dañar significativamente la imagen del grupo ante los ciudadanos, aumentado además por el estigma de que se conozca que han cometido una infracción muy grave y por ser sancionadas con multas del 150% del importe que trasladen.
