Pobladores del río Sonora siguen peleando para que Grupo México repare el daño por derrame

Hace un año se registró una de las peores desgracias en el entorno natural del río Sonora, cuando 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre provenientes de la mina Buena vista del Cobre, propiedad de Grupo México, se derramaron en la vertiente de esta importante fuente de agua potable para siete municipios que resultaron afectados.

Esto ocasionó que los pobladores se organizaran, crearán el Consejos de Cuenca y con la asesoría de la asociación civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) presentaron cinco juicios de amparo colectivos contra Grupo México para resarcir el daño ecológico y de salud en las personas que resultaron envenenadas por este mineral.

Los afectados presentaron amparos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal para la Protección Conta Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Ante la presión y obligados por las autoridades, Grupo México destinó 2 mil millones de pesos para reparar el daño causado por el derrame de sulfato de cobre en el río Sonora; sin embargo, ahora los pobladores se quejan de falta de transparencia en el uso de esos recursos.

En conferencia de prensa, integrantes de los Comités de la Cuenca del Río Sonora, exigieron a las autoridades del gobierno federal que auditen el fondo y transparenten los gastos y el destino de esos recursos, que en su gran mayoría no han llegado a las personas afectadas a pesar de haber sido recibido por los presidentes municipales de las localidades afectadas, señaló Francisco Miranda, integrante de la organización.

“Nos dijeron que parte del capital (del fondo) se aplicó en la reparación de pozos de agua que estaban contaminados, cuando el plan original era la construcción de nuevos pozos”, apuntó.

Por su parte, Adolfo López, otra persona de las que resultó afectada por el derrame, afirmó que a “los granjeros les iban a pagar 10 mil pesos por hectárea afectada pero que no les han pagado completo el capital”.

Ante estas irregularidades, Luis Cano, representante de la organización PODER, exigió que se tome en cuenta a la población en el plan de recuperación ecológica del río Sonora, puesto que se desconoce la estrategia del gobierno federal en el asunto.

“Ahora existen cinco juicios de amparo exigiendo responsabilidad sobre los efectos de salud y económicos por el derrame del río Sonora a la Profepa y Semarnat. Se demanda que haga partícipe a la población de la estrategia de remediación y que transparenten la información”, dijo.

Comités de la Cuenca del Río Sonora piden se audite el fondo y se transparenten los gastos

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GRUPO MÉXICO DICE QUE CUMPLIÓ

Este tema ha ocasionado muchos desacuerdos y hasta enfrentamientos entre los pobladores y gente de Grupo México, también ha sido causa de grandes protestas sociales en contra de la empresa minera y ha sido un factor que ha golpeado su imagen a nivel mundial.

Y a pesar de que existen todos los desacuerdos entre los pobladores por el uso de los recursos destinados a resarcir el daño, Grupo México afirmó que con las demandas y multas del gobierno federal y ha atendido a la población afectada tras el derrame.

La compañía que lidera Germán Larrea ofreció un fondo de 2 mil millones de pesos para la restauración de los ríos Sonora y Bacanuchi, además de otros mil 300 millones por multas y apoyos a los siete municipios afectados.

Aunque la misma empresa desconoce el uso de los recursos económicos por parte de las autoridades, Grupo México afirmó “que ellos cumplieron con su parte en el apoyo y saneamiento del agua de los ríos”.

En octubre de 2014, para atender la contingencia por el derrame tóxico la Comisión Intersecretarial emitió 267 medidas técnicas que la empresa debiera cumplir para evitar otro accidente.

Entre el pago realizado por Grupo México se encuentra una multa de 23 millones 565 mil 938 pesos impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); también aplicó una multa por 22 millones de pesos por 55 irregularidades encontradas en la operación de su mina Buenavista del Cobre y otros castigos económicos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El próximo 6 de agosto se cumplirá un año del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi y desde ese día, la vida de los pobladores ha cambiado y no se han podido recuperar del daño ecológico, económico y social que ocasionó este hecho.

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