Peña Nieto se reúne con empresarios para buscar una salida sobre leyes anticorrupción

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para escuchar sus puntos de vista respecto a la constitucionalidad de algunos artículos aprobados en el paquete de leyes anticorrupción.

En un comunicado, la Presidencia de la República informó que el mandatario invitó a los titulares de Confederaciones, Cámaras y Asociaciones que conforman el CCE, “con el propósito de dialogar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y el gran avance estructural que esto significa”.

"En un diálogo abierto, el titular del Ejecutivo federal escuchó las inquietudes del sector privado, quienes reiteraron su compromiso con la probidad del sector privado y su reconocimiento a los avances alcanzados hasta el momento en el proceso legislativo”, señaló Presidencia.

Asimismo, los integrantes del CCE, encabezados por su presidente, Juan Pablo Castañón, refrendaron “el apoyo y trabajo constante de las organizaciones de la sociedad civil, empresariales y de los ciudadanos en esta materia”.

“Los empresarios afirmamos que cualquier acto de corrupción por parte de un privado debe ser sancionado con todo el peso de la ley, incluso de forma penal. En este sentido, coincidimos plenamente con quienes reclaman que la corrupción sea castigada con igual severidad tanto en el sector público como en el privado”, dijo el CCE.

"Cualquier acto de corrupción por parte de un privado debe ser sancionado con todo el peso de la ley"

Los empresarios también informaron a Peña Nieto del trabajo coordinado que desarrollan con la Secretaría de la Función Pública para fortalecer la integridad y el combate a la corrupción en el servicio público.

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DISGUTOS EMPRESARIALES

Sin embrago, “expresamos que debe revisarse la constitucionalidad de algunos artículos aprobados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, particularmente el 32 relativo a las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés de las personas morales y físicas que reciban algún tipo de recurso público”, señaló el CCE.

Y agregó: “en ese sentido, reiteramos nuestra posición de que esta medida resulta inoperable, y paralizaría al propio sistema, ya que no sería factible recabar y procesar los informes de las empresas, sus trabajadores y proveedores”.

Juan Pablo Castañón, líder del CCE declaró que el presidente está valorando "desde su perspectiva, en sus atribuciones, para darle viabilidad al sistema, es decir, que el sistema opere y en eso nosotros nos hemos quedado tranquilos que en esta valoración se está contemplando las opiniones de todos”.

“Ante su invitación, estuvimos dos horas y media con él, explicándole y compartiéndole nuestras acciones, nuestras preocupaciones y también nuestro compromiso”, finalizó el líder de la cúpula empresarial.

De acuerdo con El Economista, el mandatario “se comprometió anoche ante empresarios a analizar y, en su caso, modificar el artículo 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, antes de que sea promulgada esta legislación en el Diario Oficial de la Federación”.

Una de las principales quejas de los empresarios sobre esta nueva legislación, es el hecho de que los empresarios tendrán la obligación legal de publicar su declaración fiscal, patrimonial y de intereses en el caso de haber recibido dinero público.

UN HECHO DESIQUILIBRADO LAS NUEVAS EXIGENCIAS

Esto ha causado muchas molestias en ciertos sectores empresariales, que consideran que esto más que frenar la corrupción, es un freno a la posibilidad de materializar desarrollos productivos, porque el empresario no accede de forma directa a los recursos.

Esto ha causado muchas molestias en ciertos sectores empresariales

Para Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), esto “es un hecho desequilibrado, puesto que el sector privado no accede al recurso público de la misma manera que lo hace el funcionario”.

Agregó que las constructoras ya tienen obligaciones de garantía, calidad y ejecución, al firmar contratos con el gobierno con las leyes actuales. “Lo que es muy diferente a lo que se pretende que haga el funcionario en el ejercicio de su responsabilidad”.

Cabe recordar que esta nueva Ley Anticorrupción contempla el hecho de a cualquier persona física o moral está obligada a “presentar una declaración patrimonial y de intereses cuando ejerzan recursos públicos o celebren contratos con entidades del gobierno federal, estatal y municipal”.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), cuestionó que los legisladores votaran en favor de que los trabajadores y las empresas transparenten sus declaraciones cuando los legisladores no están dispuestos a hacer lo mismo.

“Insertar esta obligación no tiene ningún sentido en una ley que va dirigida a los servidores públicos. Es un despropósito. Solamente ellos tienen a su cargo la administración del erario público, no los empresarios, no los ciudadanos”, afirmó.

Con esta reunión, los empresarios quedan a la espera de que Peña Nieto retrase la promulgación de esta ley y pida que se modifique algunos puntos a las cámaras, pero todavía no hay un anuncio oficial de cuál será la decisión del presidente.

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