Gobierno de Andalucía suspende explotación de mina de Aznalcóllar, proyecto en que participa Grupo México

El gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía, anunció que suspende la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar, que había sido otorgada en marzo pasado a la española Magtel y su socio Grupo México.

En declaraciones durante un acto político en Huelva (costa sur de España), la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, informó que esta decisión ocurre debido a que un juzgado de Sevilla investiga irregularidades en el proceso de adjudicación.

La concesión de la mina situada en la provincia de Sevilla fue anunciada el pasado 16 de marzo, y la adjudicación para explotación se dio para un periodo de 30 años.

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IRREGULARIDADES EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN

“Cuando un juez tiene serias sospechas sobre el procedimiento de adjudicación de un contrato debe paralizarse y esclarecerse”, expresó Díaz al anunciar la paralización del proyecto, y pidió celeridad para aclarar el caso, ya que “de ello dependen miles de trabajadores”.

Juez tercera de Instrucción en Sevilla,investiga por qué se concedió el proyecto “sin el más mínimo rigor”

El caso se conoció este miércoles cuando medios españoles publicaron que la juez tercera de Instrucción en Sevilla, Patricia Fernández, investiga por qué se concedió el proyecto al consorcio Magtel-Grupo México “sin el más mínimo rigor”.

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha constatado "graves irregularidades" en la adjudicación que hizo la Junta de la actividad de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar a la empresa Minorbis-Grupo México y ha pedido a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio Coto, "como responsable de las decisiones adoptadas" en el proceso de adjudicación.

En su investigación, la juez consideró que en el procedimiento de adjudicación “ni siquiera acreditó la capacidad de Grupo México a través del preceptivo informe de la Oficina Consular”.

La juez también resaltó que “las dos empresas asociadas no detallan en su propuesta las inversiones comprometidas y califica de cuestionable el acuerdo por el que se asocian”.

“No lo hacen mediante un contrato al uso, sino a través de lo que llaman una declaración conjunta de compromiso que -en palabras de la juez-, no excede de una declaración de buenas intenciones”, refirió.

Asimismo, subrayó que las dos empresas no presentaron el obligatorio seguro por importe mínimo de 1.5 millones de euros para la operación.

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