Investigan a Grupo México en Perú por presuntos pagos para frenar protestas sociales

Según un fiscal, Grupo México y su filial Southern Copper habrían utilizado algunos pagos para evitar más protestas en contra del proyecto Tía María

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Bolsamania | 23 nov, 2015

Apenas hace unos días Grupo México anunció la resolución de un juez en España que le daba la razón con respecto a la concesión de la mina Aznalcóllar, pero ahora los problemas legales continúan para el consorcio minero mexicano y se trasladaron a Perú y su proyecto Tía María.

Según información publicada por agencias, una fiscal peruana que le sigue los pasos a Grupo México en ese país sudamericano, ha descubierto indicios que sugieren que Southern Copper habría pagado dinero a sus opositores para frenar las protestas contra su millonario proyecto de cobre Tía María mientras la firma esperaba el permiso ambiental.

“Documentos bancarios muestran que la minera Southern Copper le entregó al abogado Jesús Gómez 1.3 millones de soles (387,000 dólares) entre octubre del 2013 y septiembre del 2014, previo a reuniones de los representantes de la compañía con las comunidades para informarles sobre Tía María”, dijo la fiscal Alejandra Cárdenas a Reuters.

Southern Copper, un importante productor mundial de cobre controlado por Grupo México, ha negado sistemáticamente este tipo de comentarios en su contra, debido a que el rumor de haber hecho algún tipo de pago especial o soborno para frenar las protestas tienen varios meses.

Sin embargo, Southern Copper ha reconocido que efectivamente “había contratado a Gómez en el pasado”, sin especificar el tipo de trabajo o actividad que realizó el abogado en favor del consorcio minero.

Southern Copper opera dos minas y una refinería en el sur de Perú y sigue promoviendo su plan para desarrollar Tía María, que espera por el permiso para su construcción; mientras tanto, no ha podido desarrollar el proyecto que es considerado como uno de los más grandes del mundo en producción de cobre y una inversión de 1,400 millones de dólares.

Grupo México controla el 87.4% de Southern Copper y esta empresa contribuyó con el 62% de las ventas del consorcio mexicano en 2014, según cifras de la propia empresa.

Southern Copper contribuyó con el 62% de las ventas del consorcio mexicano en 2014,

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INVESTIGACIÓN OFICIAL

En mayo, la fiscal Cárdenas comenzó a investigar a Gutiérrez por una presunta extorsión a Southern Copper por 1.5 millones de dólares a cambio de frenar las protestas.

En un audio de una conversación telefónica, se escucha a Gutiérrez negociar con el abogado Gómez el pago de 500,000 dólares para él y otros dos dirigentes.

El mismo Gómez filtró el audio a medios locales en abril, provocando la captura de Gutiérrez por parte de la policía, sin embrago, Jesús Gómez dijo que “nunca llegó a pagar a los opositores de Tía María para detener las protestas y declinó dar más comentarios”.

El abogado de Gutiérrez, Liliana Laura, dijo a Reuters que el audio con la voz del opositor había sido manipulado y evitó confirmar si su cliente pidió dinero a la minera. "Solicitar dinero no es un delito", agregó.

“En ese período, Gómez pagó a su vez al opositor Pepe Julio Gutiérrez 170,000 soles con un cheque de gerencia”, señala la investigación oficial.

La fiscal Cárdenas afirmó que ambos le dijeron que el dinero era para comprar un terreno del cultivo de cebolla, pero ninguno presentó pruebas de la compra.

La fiscal dijo que “pagar a los antimineros no sería un crimen a menos que se haya incluido a funcionarios públicos”

“Gómez y Gutiérrez niegan haber cometido algún delito y no se han presentado ningún cargo en contra de ellos”, según Reuters.

Sin embargo, a pesar de tener evidencias de los pagos en favor de los protestantes, la fiscal Cárdenas dijo que “pagar a los antimineros no sería un crimen a menos que se haya incluido a funcionarios públicos”.

Y aunque puede liberarse del juicio legal, esto sí tendría un impacto negativo en la imagen de Grupo México y su filial peruana, que han sido muy criticadas en los últimos meses a nivel mundial.

PROTESTAS SOCIALES

Las protestas contra Tía María, ubicada en la región de Arequipa, forzaron a la minera a suspender en mayo el emprendimiento luego que tres personas murieron en choques entre los manifestantes y la policía. Otros tres murieron en el 2011.

Las protestas se originaron debido a que los opositores al proyecto, temen la contaminación de sus tierras y que se use las aguas necesarias para sus cultivos agrícolas.

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