Gobierno federal impulsa acuerdo por gasolinazo pero parte del sector empresarial lo rechaza
Con el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar se busca evitar que ajuste a gasolinas impacte economía familiar
- El presidente Peña Nieto presidió la firma del acuerdo
- Coparmex rechazó firmar este acuerdo
En un esfuerzo por detener los reclamos sociales, las protestas y lo saqueos ocurridos con el pretexto del gasolinazo, el gobierno federal junto con una parte del sector empresarial y de trabajadores, presentaron el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.
Con esto, el “gobierno federal hará todo lo posible para que el ajuste en el precio de las gasolinas impacte lo menos posible en la economía de las familias mexicanas”, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.
El mandatario federal dijo “a las amas de casa, a las y los jefes de familia, a los trabajadores, a los estudiantes y a los pequeños empresarios”, que para el Gobierno de la República es una prioridad proteger su empleo, sus ingresos y su gasto.
"Por ello emprenderá acciones para cuidar el patrimonio, el ahorro, la estabilidad y el futuro de las familias y sus hijos", refrendó durante la firma del Acuerdo Para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.
Ante integrantes de los sectores empresarial, productivo y laboral, el titular del Ejecutivo federal recalcó que en este momento “no caben los interese personales, políticos o de grupo, el único interés es México”.
También señaló que “el acuerdo responde a la preocupación de los jefes de familia ante un posible aumento injustificado de precios de los bienes y servicios de la canasta básica, la escases de alimento o el recorte a los programas sociales prioritarios”.
“Acuerdo responde a la preocupación ante un posible aumento injustificado de precios"
MEJORES CONDICIONES PARA FAMILIAS
En este sentido llamó a los empresarios a que coadyuven para evitar un aumento indiscriminado de precios, pues el costo de la gasolina apenas representa una fracción en el costo de la producción; y al sector agroalimentario le pidió garantizar productos del campo de más calidad.
En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto anunció un programa de apoyo al transporte masivo, que podría extenderse a 50 ciudades de la República, además del impulso a la conversión de las unidades, a fin de que utilicen combustibles más económicos.
De igual manera dijo que su gobierno seguirá fomentando la inversión y la creación de empleos, y adelantó que para este año habrá estímulos fiscales a la inversión productiva y simplificación de trámites para las pequeñas y medianas empresas.
El presidente mencionó que además del recorte de 190 mil millones de pesos, el gobierno implementará otras medidas para hacer efectivo el gasto social, mantendrá finanzas públicas sanas y un sistema financiero sólido, transparente, además de la firme implementación de las reformas estructurales.
“Hoy queda demostrado que la lucha por mejorar las condiciones de vida de los mexicanos no se da en las calles causando destrozos, saqueos y miedo entre la ciudadanía; no se da afectando la vida cotidiana de las personas, atentando contra su integridad física y su propiedad privada, o contra los bienes públicos, instituciones y con mensajes incendiarios.
“Se da en la escuela, en el taller, en la fábrica, en la oficina, en la universidad, en el servicio público; se da en el diálogo constructivo, en la conformación de ideas, con argumentos, no con robos y saqueos; a esta repuesta violenta respondemos con acuerdos”, dijo.
RECHAZO EMPRESARIAL
Sin embrago, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, anunciado por Enrique Peña Nieto a pesar de ser firmado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) fue rechazado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) al considerar que estaba incompleto y carente de consenso social.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, afirmó que le falta profundidad, y aunque aclaró que no están en contra de él, este debió de realizarse con mayor conocimiento de lo que necesita la población mexicana.
El acuerdo fue rechazado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
El organismo detalló algunas razones por las cuales no firmó el plan, entre las que destaca el hecho de que “la situación económica y social actual exige un amplio acuerdo, pero bajo un consenso de todos los sectores sociales, también porque se necesita estar más unido que nunca”.
Además, señaló que “el consenso no se puede construir en tres días y si bien urge un acuerdo, es más importante que sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no solo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública”.
La Coparmex también considera que el “acuerdo carece de metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances; el momento exige que todos los actores asuman compromisos concretos en beneficio del país y por último que el Gobierno esté obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto”.
El organismo indicó que no estaba en condiciones de “suscribir un acuerdo improvisado, incompleto e insuficiente”.
Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco, destacó que sí firmó el Acuerdo, pero antes de esto lo rechazó cuatro veces.
Por su parte, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope-Servytur) de la Ciudad de México cuestionó la medida de intensificar las revisiones y sanciones al sector, ante el movimiento de precios registrada en algunos productos.
En conferencia de prensa, la presidenta del organismo, Ada Irma Cruz Davalillo, destacó que tras la inconformidad por el alza al precio de las gasolinas resulta necesario vigilar la actividad comercial más allá de la cadena minorista.
"Rechazamos que se estigmatice al sector comercial minorista y prestadores de servicios como los responsables de generar el alza de precios y se busque sancionar al sector que se encuentra en el último eslabón de la cadena", dijo.
Lo anterior, ya que en la mayoría de las ocasiones, los pequeños comercios reciben las mercancías con un ajuste al alza en el precio, por el transporte de los insumos, el proceso de industrialización, el almacenamiento o el traslado a los grandes centros de distribución, explicó.
Por lo que consideró como "injusta" la intensificación a la vigilancia que anunció la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cuando ésta debería ampliarse al comercio informal, el único beneficiario de la emergencia económica que está exento de regulación.
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