Gobierno de México dice que acepta la observación internacional en tema de derechos humanos

“México está abierto a la observación de organismos internacionales”, subrayó el subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas.

Y según el funcionario, esto también incluye al relator especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, Juan Ernesto Méndez, quien ha señalado públicamente que el gobierno mexicano no le ha permitido realizar su trabajo.

Miguel Ruiz Cabañas recordó que se pidió al relator que diera tiempo al gobierno de México para que el Congreso de la Unión apruebe la propuesta de ley contra la tortura, que el presidente Enrique Peña Nieto envió en diciembre para su discusión.

“Una de las recomendaciones del relator precisamente era esa y de otros mecanismos nos han recomendado tener un ordenamiento jurídico especial contra la tortura”, expuso.

“Nosotros vamos a recibir al Subcomité de Prevención contra la Tortura en noviembre o diciembre de este año, de modo que la apertura está ahí, está permanente para quien quiera visitarnos”, dijo el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ruiz Cabañas reiteró que el gobierno mexicano mantiene una política de total apertura a la observación internacional en materia de derechos humanos, tanto de la Organización de las Naciones Unidas, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Ahí están los datos, es uno de los países más abiertos a la mirada internacional. Hemos recibido más de 50 visitas de relatores, mecanismos diversos en los últimos años, es decir, no hay duda de que México es un país totalmente abierto a la visita de estos relatores y mecanismos”, enfatizó.

Por su parte, el titular de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos añadió que la próxima semana México participará en las audiencias que anualmente celebra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo negó que el gobierno mexicano tuviera alguna política contraria al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de esa comisión, para conocer el paradero de los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Cabe recordar que el gobierno mexicano también rechazó los resultados del informe presentado por la CIDH, argumentando que el documento estaba "sesgado" y que "no refleja la situación general del país", asegurando que en México "no se vive una crisis de Derechos Humanos".

Juan Ernesto Méndez ha señalado que el gobierno mexicano no le ha permitido realizar su trabajo

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ORIGEN DEL CONFLICTO

En marzo de 2015, Juan Ernesto Méndez presentó su informe sobre el escenario que percibió sobre derechos humanos en nuestro país y señaló que “la tortura en México es generalizada y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento, según el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Méndez realizó una visita a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 y redactó un informe que hoy presentará ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en su vigésimo octava sesión ordinaria.

En su informe, el Relator también señaló que "la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad", reza el primer párrafo de las conclusiones del informe de Méndez sobre México.

Que en México existe una práctica generalizada de la tortura, no corresponde a la realidad: SRE

El relator resaltó que la finalidad de dicha tortura es castigar o extraer confesiones o información, y "hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces".

Ante esta situación, el relator "recomendó" a México "reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal".

Finalmente, el relator hizo un llamado especial para resolver el caso de la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero.

"La inaceptable tragedia constituye una llamada urgente al Gobierno para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos", concluyó.

Ante estos resultados, de inmediato el gobierno mexicano rechazó estas afirmaciones y dijo en su momento que “existen discrepancias con algunas de las valoraciones vertidas por el Relator, tanto en el informe como en las declaraciones que le han seguido…Una de ellas es la valoración de que en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden. Esta valoración no corresponde a la realidad”.

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