Empresas que participan en Ronda Uno llegan a México acusadas de corrupción en otros países

Así, siete de las 20 empresas que actualmente participan en la segunda licitación por la adjudicación de campos petroleros de la Ronda Uno, son investigadas por asuntos de posibles actos de corrupción o colusión.

“De esta manera, la italiana ENI International; Pan American Energy, de Argentina; Chevron, de Estados Unidos; CNOOC, de China; y Lukoil Overseas, de Rusia, están siendo investigadas por presuntos sobornos para ganar contratos o extender permisos para extracción en países como Nigeria, Argentina, Indonesia, China y Rumania”, según una publicación del periódico El Financiero.

Además de que Galp Energía, de Portugal y CEPSA, de España, fueron multadas recientemente con 20.1 millones de euros por autoridades de competencia de España y Portugal por coludirse para subir los precios de gas butano y gasolinas en detrimento de los consumidores.

Esto ha despertado la preocupación de algunos especialistas, ya que han insistido en la necesidad de que en México se tomen las medidas necesarias para evitar estas prácticas; sin embargo, los marcos regulatorios siguen siendo muy flexibles y permisibles para propiciar estos actos.

La legisladora advirtió que la mayoría de “las compañías que están compitiendo y que han sido precalificadas se han caracterizado por incurrir en actos de corrupción y en daños al medio ambiente".

Una de las voces más críticas y que ha exigido se investigue a las empresas que participan en la Ronda Uno, ha sido Dolores Padierna Luna, senadora del PRD, quien ha pedido en reiteradas ocasiones a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos explicar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los criterios con los que se resolverá la primera licitación de la Ronda Uno.

Y puso como ejemplo de esto a “las empresas Group México Exploration, propiedad de Shell; ENI Internacional y Chevron”.

En la segunda fase de la Ronda Uno están en juego nueve campos petroleros que se adjudicarán en cinco contratos para la explotación de aguas someras, con una superficie de 281 kilómetros cuadrados y reservas certificadas de 671 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con una perspectiva de producción de 124 mil barriles diarios y una inversión de alrededor de 3 mil millones de dólares.

Galp Energía, de Portugal y CEPSA, de España, fueron multadas recientemente con 20.1 millones de euros

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PREOCUPA TRANSPARENCIA EN LICITACIÓN

Para algunos especialistas, el hecho de que exista transparencia en los procesos de licitación así como en los lineamientos de su ejecución, no solamente va evitar posibles actos de corrupción, sino que será el aval del gobierno mexicano para dar certeza a los inversionistas en futuros procesos similares.

Para Nymia Almeida, vicepresidenta en la oficina de calificación crediticia de Moody’s en México, “es un esfuerzo muy fuerte prevenir estos actos, las empresas se sienten vulnerables, ahí está el caso de Brasil y sí, deberían revisar los casos en otros países, porque al final son credenciales, los contratos son relaciones de largo plazo”.

Y agregó: “es un riesgo de reputación donde las empresas perderían socios, proveedores y clientes, si tú estás condenado por corrupción en un país tienes congelamiento en ese gobierno”, agregó.

ENI International, Pan American Energy y Chevron, están siendo investigadas por presuntos sobornos

Y esto se ve reflejado en la reputación y los resultados de las empresas públicas que participarán en la segunda licitación de la Ronda Uno, que a todas luces no llegan en su mejor momento en los mercados bursátiles, puesto que en un año han perdido 36% por ciento de su valor en promedio.

Por su parte Manuel Guadarrama, especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), destacó que la ley debe facilitar la competencia, por lo que la aplicación de candados podría complicar una licitación.

“Si bien la razón de establecer límites para contratar a empresas que estén siendo investigadas en el extranjero por corrupción es proteger a la entidad pública de futuros daños por la misma conducta, no cabe en la legislación como un impedimento”, opinó.

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