El proyecto de mina Tía María, las revueltas sociales y la huelga de mineros en Perú, golpean imagen de Grupo México

En el mes de agosto de 2014, autoridades mexicanas detectaron que los problemas de salud de las personas que vivían cercanas al río Bacanuchi, afluente del río Sonora, se debía a que el agua estaba contaminada con sulfato de cobre acidulado y la causante de este problema fue la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.

En total, 270 personas presentaron síntomas relacionadas con el envenenamiento del agua del río y los pozos de la región. 40 mil metros cúbicos fueron vertidos en el río, lo que causó una tragedia ecológica de la zona al morir la fauna endémica de la región y la aniquilación de la flora del lugar.

Ante estos hechos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a Grupo México con 23 millones de pesos y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) obligó a indemnizar y pagar consultas médicas durante 15 años a todas las personas que resultaron con daños a la salud por el derrame en la mina Buenavista del Cobre.

Además, en abril de este año, un juez determinó procedente una demanda colectiva promovida por una asociación civil y entablada contra Grupo México por el derrame de una sustancia tóxica ocurrido el año pasado a los ríos Bacanuchi y Sonora.

Con este antecedente, los pobladores de Arequipa y luchadores sociales peruanos no ceden en su lucha por detener el proyecto minero Tía María, en donde Grupo México invertirá 1400 millones de dólares para producir 120 mil toneladas de cobre al año.

Los pobladores de Arequipa y luchadores sociales peruanos no ceden en su lucha por detener el proyecto minero Tía María

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ESTUDIOS AMBIENTALES DEL LUGAR

Por esas mismas fechas en donde el río Sonora estaba totalmente contaminado, en Perú el gobierno local autorizó el proyecto de Southern Copper de la mina Tía María.

Esta aprobación fue el resultado de una serie de modificaciones al plan general y a los estudios medioambientales que Grupo México presentó desde 2011 para que las autoridades le dieron el visto bueno en 2014.

En ese mismo año, se presentaron protestas en la región de Arequipa cuando los pobladores se enteraron del proyecto minero, lo que provocó enfrentamientos con la policía local y tres personas murieron en esa ocasión.

Para dar una explicación pública sobre el problema ambiental, Grupo México dijo el pasado 18 de mayo que el “proceso de extracción será de lixiviación y extracción por solventes (SX/EW), proceso mundialmente reconocido como el mejor en minimizar el impacto ambiental debido a que no arroja emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera”.

El “proceso de extracción será de lixiviación y extracción por solventes (SX/EW)

También aseguró que modificó su estudio de impacto ambiental para usar agua de mar, “transportándola por más de 25 kilómetros de distancia para construir una planta desalinizadora con una inversión de 95 millones de dólares adicionales” y así no utilizar el agua de la región.

Grupo México aseguró que “garantizan que el agua de pozos y presas del valle del Tambo será utilizada exclusivamente para la agricultura y consumo humano”.

Estas declaraciones no convencen a los lugareños que siguen en pie de lucha ante la posibilidad de sufrir lo mismo que padecieron los pobladores de Sonora el año pasado.

INTENTOS DE SOBORNOS

El ambiente está aún más enrarecido luego de la aparición de unos audios en donde supuestamente el líder agrícola Pepe Julio Gutiérrez pedía 1.5 millones de dólares a un abogado que dijo actuaba como mediador de la empresa para detener las protestas.

Por su parte, Grupo México solamente aseguró que “esta minoría ha logrado dilatar este importante proyecto a través de bloqueos ilegales y manifestaciones violentas” y dijo que “desconoce los intereses del grupo de activistas que se oponen al desarrollo económico y social de la región de Arequipa”.

Aunado a todo esto, el clima político en el sector minero de Perú no favorece a Grupo México, ya que el sindicato de mineros está en huelga contra algunas disposiciones laborales aprobadas recientemente que modifican sus condiciones de trabajo y su seguridad, lo que impacta en la producción y tensa aún más el ambiente de la región.

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