Las gestoras de fondos le piden a Europa que flexibilice algunos de los puntos más relevantes de la normativa financiera MiFID II para salvar el negocio, fuertemente afectado por la crisis del coronavirus. A grandes rasgos, solicitan a la UE que se revisen algunos aspectos de los inversores “semiprofesionales” y la exclusión voluntaria de los inversores profesionales para ciertos requisitos, con medidas concretas como la eliminación de la alerta obligatoria cuando una cartera se deprecia un 10% o más, ya que “fomenta la toma de decisiones a corto plazo y no proporciona ningún valor añadido”.
En marzo, el supervisor de los mercados financieros europeos (ESMA, por sus siglas en inglés) flexibilizó uno de los puntos calientes de MiFID II por el coronavirus. Como muchas entidades habían mandado a gran parte de su plantilla a teletrabajar desde sus casas, Europa dio margen a las entidades que no puedan grabar las conversaciones telefónicas entre cliente y banquero, aceptando alternativas a la grabación, aunque pidió que se restablezcan lo antes posible. Esta medida, sin embargo, ha sido insuficiente para la industria, que solicita un impulso extra por parte de los supervisores para no caer con el Covid-19.
A través de Efama, la patronal europea de las gestoras, estas han hecho llegar a la UE una decena de propuestas de alivio normativo para sortear la crisis. Una de las más destacadas es su petición de eliminar la alerta obligatoria cuando una cartera se deprecia un 10%, ya que “fomenta la toma de decisiones a corto plazo, no proporciona ningún valor añadido para los inversores e incrementa los costes operacionales para cumplir con este requisito”.
También creen que los fondos de inversión alternativos que se venden entre los minoristas, “siguiendo los esquemas minoristas nacionales”, deberían ser considerados automáticamente instrumentos financieros no complejos que puedan distribuirse a través del servicio de solo ejecución. Este tipo de fondos están ganando protagonismo entre los inversores a pasos acelerados debido al entorno de tipos negativos y la alta volatilidad de las bolsas, y cada vez más asesores los ponen en el centro de sus propuestas financieras.
INCENTIVOS
Otro de los reclamos del sector de la inversión tiene que ver con la famosa política del ‘best execution’, que con MiFID II separa los costes del análisis de valores y la ejecución de órdenes. Según las gestoras, en lo que respecta a la investigación de mercado patrocinada por el emisor, debe calificarse como “un beneficio no monetario menor aceptable” y, por lo tanto, mantenerse fuera del régimen de incentivos.
Noticia relacionada
Precisamente, el régimen de incentivos fue el gran campo de batalla de MiFID II durante sus debates e implementación, y ahora parece que vuelve a la palestra. Efama no está de acuerdo con una prohibición total de los incentivos, ya que “tendría consecuencias sustanciales y de gran alcance en términos de acceso general al asesoramiento sobre inversiones para todos los ciudadanos europeos”.
En su comunicado, las gestoras abogan por aflojar ciertos requisitos tanto en la protección al inversor, donde se enmarcan los puntos anteriores, como en los mercados de capitales e infraestructuras, incluidas las acciones, los derivados o las divisas.
La patronal también se muestra de acuerdo con la noción de "clientes semiprofesionales" y la intención de proporcionar la flexibilidad necesaria para este tipo de clientes, a pesar de que no cree que la creación de una nueva categoría de clientes sea el camino correcto a seguir.
