Inverco carga contra el Gobierno por su decisión de devolver a Hacienda las competencias para supervisar a las sicav tras 13 años de vigilancia en exclusiva por parte de la CNMV. Según la patronal de los fondos y las gestoras, esto provocará que se reduzca la industria de gestión y la inversión en España.
El retorno de las competencias a la Agencia Tributaria “no hace sino alejar aún más a las sicav españolas del régimen europeo, lo que resultará perjudicial para la actividad de gestión española, con sus correspondientes efectos negativos sobre la financiación de la economía, la generación de empleo y la recaudación de impuestos”, señala Inverco en un comunicado oficial, “al desplazar sus inversiones, así como los puestos de trabajo y los ingresos fiscales derivados de su actividad, hacia otras jurisdicciones comunitarias”, como Luxemburgo, principal plaza financiera para los fondos en Europa, o Irlanda, la segunda plaza más utilizada por las gestoras.
Las sicav españolas tienen un “claro sesgo inversor hacia los activos domésticos”, e invierten casi un tercio de su patrimonio (unos 10.000 millones de euros de un total de casi 30.000 millones) en activos españoles, “cuando el peso de España en los índices mundiales no supera el 2%”, recuerda la asociación.
Además, las sicav “son gestionadas, custodiadas, asesoradas, auditadas y distribuidas por entidades en su mayoría españolas, cuya actividad, unida a la tributación de sus accionistas, genera unos ingresos fiscales que se estiman en 340 millones de euros anuales”, pone en contexto Inverco. “Contribuyen, asimismo, junto con los restantes vehículos de inversión colectiva [como los fondos de inversión y los planes de pensiones] a la generación directa e indirecta de más de 30.000 puestos de trabajo de alta cualificación”, de los cuales ahora, a su juicio, una buena parte se pone en riesgo.
Por último, la asociación presidida por Ángel Martínez-Aldama apunta que, además de los requisitos establecidos a nivel europeo (transparencia, supervisión y diversificación, entre otros), las sicav españolas ya tienen “un régimen más exigente”, pues adicionalmente deben contar con un número mínimo de 100 accionistas, no previsto en las directivas europeas ni en la práctica totalidad de países, a excepción de Portugal. Precisamente, la composición y veracidad de estos 100 accionistas es lo que Hacienda vigilará de cerca. No obstante, “esta diferencia ya supone en la actualidad un peor tratamiento para las sicav españolas”, en opinión de la patronal de los fondos.
