En directo | El cantautor Lluís Llach declara en el juicio del 'procés'

Trapero, sobre la reunión que mantuvo el 28 de septiembre con políticos catalanes, entre ellos Carles Puigdemont,Oriol Junqueras y Carme Forcadell: "Les trasladamos que iba a haber dos millones de personas en la calle y 15.000 policías actuando y que eso iba a causar conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana. Les emplazamos al cumplimiento de las órdenes judiciales. Les dijimos que, evidentemente, nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros. Les dijimos que no íbamos a dejar de cumplir la Constitución y que no acompañábamos el proyecto independentista"

Se ha reiniciado el interrogatorio del exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero  con las preguntas de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, presidente de la entidad soberanista Òmnium Cultural. Trapero explicado que los Mossos cambaron su protocolo para evitar la "desligitimación social" de la Policía que el mayor considera que se estaba produciendo por las imágenes de violencia vistas tras varias manifestaciones en 2011 y 2012.

Trapero afirma que el 27 de octubre llamó al fiscal superior de Cataluña y al presidente de TSJC y le comenta que el cuerpo está a disposición, tanto de la fiscalía como del órgano judicial, aunque desconocían la trascendencia jurídica pero veían "que era de cierta gravedad" por si ordenaban algún tipo de acción, como la detención del President y los Consellers si se les ordenaba, cuyo dispositivo estaba preparado dos días antes. 

Durante el 1-O, aegura que se hizo "el máximo que pudimos hacer y el máximo que históricamente el cuerpo había hecho".

Llamó a Trapote por el supuesto cierre de un colegio en Sabadell, pero se lo negó. "Es la única actuación de la que tuve conocimiento". 

Además, dice que ofrecieron ayuda para proteger edificios del Estado ante la previsión de que pudiera concentrarse gente. 

En la reunión del 28 de septiembre, en la que estuvieron la cúpula de Mossos, Puigdemont, Junqueras y Forn, asegura que los políticos "no dieron ninguna pauta, sino que nos dijeron 'hagan su trabajo'".

Trapero asegura que no había "ninguna duda" de que las instrucciones de la Fiscalía quedaron anuladas con el auto del juez del TSJC del 27 de septiembre. 

Además, dice que se reunió con la magistrada tanto el 27 de septiembre como el 1 de octubre. Esta no tuvo "ninguna recriminación".

Trapero afirma que tener "un Gobierno que promueve una consulta ilegal" provocó malestar entre los sindicatos de los Mossos y el propio cuerpo. 

Trapero dice que el 1 de octubre se informó de la hora a la que se acudiría a los colegios para que la gente los abandonara al ser "una actividad prohibida", pensando que tendía un "efecto disuasorio mayor".

Trapero asegura que no conoce si Forn adoptó alguna medida para minimizar riesgos el día del referendum.

Ha dicho que una manifestación de 40.000 personas "dificulta algunas cosas", pero el no tenía la percepción de que se generaran "problemas de orden público. 

Trapero explica que la única opción para que la comitiva judicial abandonara Economía era a través del pasillo y que "lo que no se podía hacer" era salir con los coches porque había miles de personas concentradas en la calle. 

El fiscal ha vuelto a abordar la Junta de Seguridad del 28S, prohibida por el tribunal, y sobre unas declaraciones de Puigdemont

La Sala de lo Penal del Supremo se retira a deliberar sobre si las preguntas de la Fiscalía pueden exceder el ámbito del interrogatorio de Vox. Se reanudará la sesión a las 16.00 horas.

El dispostiu que plantean los Mossos no tenía otra finalidad que cumplir el mandato judicial. "Nos hubiera encantado tener mejores resultados", ha proferido.

Trapero remarca que acordaron entre todos los mandos policiales posar un par de agentes de los Mossos el día 1 para poder cubrir todas las escuelas. "Planteé un dispositivo con parte de Mossos y parte en los otros cuerpos", prosigue, cuyo objetivo era cumplir las órdenes de Fiscalía.

Trapero explica que en la reunión de coordinación del 23 de septiembre se discutió sobre el uso de la fuerza y hubo cierta tensión dialéctica con Pérez de los Cobos.

Trapero dice que a las reuniones del 21 al 23 defendió el cuerpo de una forma "que quizás no fue apropiada ni con las palabras correctas", porque no estaba de acuerdo que los Mossos pasaran a estar bajo el control de De los Cobos.

"El señor Forn sabía que su acción política iba por un camino y la actuación de los Mossos siempre fue la de cumplir con la ley", ha declarado el todavía mayor de los Mossos. "Forn tenía un punto de irresponsabilidad en sus declaraciones", ha declarado.

Trapero se ha referido a los motivos de la salida del exconseller Jordi Jané y ha aludido a la "deriva política". "Jané no quería sufrir riesgos, estaba incómodo", ha explicado. "Estábamos incómodos los dos", ha matizado, a las preguntas del fiscal José Zaragoza.

El exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha afirmado este jueves ante el tribunal que juzga el proceso independentista en Cataluña que "por supuesto" el dispositivo de la policía autonómica puesto en marcha de cara al 1 de octubre no tenía "ninguna intención de facilitar el referéndum".

"¿El dispositivo tenía como objetivo facilitar o impedir el referéndum del 1 de octubre?", ha preguntado directamente el abogado de la acusación popular que ejerce Vox, Javier Ortega Smith. "Por supuesto ninguna intención de facilitar el referéndum y evitarlo venía dado por las órdenes judiciales", ha respondido Trapero, que ha declarado en calidad de testigo en el juicio.

Trapero prosigue relatando que cerraron más de 100 escuelas y que más de 200 centros no abrieron y que se requisaron 90.000 papeletas y más de 400 urnas.

Trapero asegura que la instrucción de la Fiscalía establecía hacer un cercado de 100 metros alrededor de las escuelas desde el viernes y que era muy diferente de la del TSJC. También explica que el plan para evitar el referéndum contemplaba habilitar 40.000 efectivos de los Mossos.

Trapero reconoce que se envió un comunicado interno a los Mossos el 23 de septiembre en el que se explicaba que "no compartía la designación de Pérez de los Cobos" pero "respeté la decisión de la Fiscalía", ha asegurado. De hecho, ha puntualizado la diferencia con Forn, quien declaró que no aceptaba la tutela del coronel de la Guardia Civil.

Trapero afirma que explica que fue a algunas reuniones de coordinación policial y reconoce que pidió al fiscal que la designación de Pérez de los Cobos fuera por escrito.

Ortega Smith reanuda su interrogatorio sobre el dispositivo Ágora, que Trapero niega que tuviera como objetivo facilitar el referéndum.

El juez Manuel Marchena ha pausado el interrogatorio a Trapero en medio de las preguntas de Vox. Tras el receso, seguirá Ortega Smith.

Trapero explica que se hacían "barridas" periódicas a los despachos de Forcadell y el Govern por si se encontraban micrófonos, como se ha hecho "toda la vida".

Sigue Trapero diseccionando las actuaciones de los Mossos d'Esquadra durante la concentración del 20-S. Preguntado varias veces por el cordón que se diseñó para la salida de la secretaria judicial, ha señalado que "no era incompatible el pasillo de voluntarios con el de la BRIMO". "Así se evitaba el contacto de la BRIMO con los concentrados", aclara Trapero.

A la pregunta de si existía riesgo real y si fue por eso que planteó una salida por el tejado del edificio, Trapero responde que plantearon el cordón policial porque consideraron que era seguro. "El motivo por el que se ofrece la otra salida no es porque consideráramos que la del cordón policial fuera insegura", ha subrayado.

Trapero arranca su declaración explicando el dispositivo de los Mossos durante las protestas del 20-S y las llamadas efectuadas a Jordi Sànchez.

El exjefe de los Mossos acude a su citación como testigo en el juicio al procés independentista en Catalunya acompañado de su abogada, Olga Tubau.

Según informa 'La Vanguardia', el exjefe de los Mossos responderá a las preguntas de todas las partes.

Por la tarde irán al Supremo el que fuera 'número dos' del exvicepresidente Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, a quien se le atribuye la agenda Moleskine donde se anotaron los planes independentistas; y el juez y exsenador de ERC Santiago Vidal, que fue inhabilitado por tres años en 2015 por participar en la elaboración de una Constitución para Cataluña y a quien el Supremo recientemente le ha reconocido su derecho a pedir su reingreso en la carrera judicial.

Cerrará la sesión el que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer, quien ya declaró como testigo en el Supremo en el juicio contra Francesc Homs por la consulta del 9 de noviembre.

Estos dos últimos también se encuentran investigados el juzgado de Barcelona por los preparativos del referéndum, que precisamente se abrió después de que Vidal reconociese que entre los meses de noviembre y diciembre de 2016 que el Govern de Carles Puigdemont obtuvo de forma ilegal los datos fiscales de los catalanes para crear una Hacienda propia.

Además del exjefe de los Mossos, hoy están previstas en el Supremo otras testificales que comenzarán con el exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat Antoni Molons, quien está imputado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O, por lo que, al igual que Trapero puede acogerse a su derecho a no declarar.

El nombre de este ex alto cargo de la Generalitat ha salido en varias declaraciones de otros testigos, como en la de su subordinado Jaume Mestre, quien le señaló como responsable de promover la campaña 'Civisme'. Por otro lado, el diseñador gráfico Enric Vidal apuntó que cree que Molons era el "tal Toni" que le encargó redimensionar unos carteles para el referéndum.

También está citada la que fuera directora de Servicios de la Consejería de Presidencia Teresa Prohias --quien ya fue condenada en el Tribunal de Cuentas por su responsabilidad contable en la gestión del 9-N--; el subsecretario de Hacienda y Función Pública bajo mando de Cristóbal Montoro, Felipe Martínez Rico; y el funcionario de la Dirección de Servicios del Departamento de Trabajo de la Generalitat David Badal Josa.

En el juicio de la Audiencia Nacional cuya fecha aún está por concretar, la Fiscalía pide para el mayor 11 años de prisión por rebelión, al igual que para los exjefes políticos de los Mossos Pere Soler y César Puig. Para la intendente Teresa Laplana se solicitan cuatro años de cárcel por un delito de sedición.

En caso de que Trapero decida declarar a todas las partes en el juicio del Supremo, comenzará preguntando la acusación popular que ejerce Vox --al haber solicitado su comparecencia--, después será el turno del fiscal Javier Zaragoza, la abogada del Estado Rosa María Seoane y las defensas de los acusados.

Uno de los testimonios en los que más se nombró a Trapero fue el del coronel del Instituto Armado Diego Pérez de los Cobos, el que fuera coordinador del dispositivo policial del día del referéndum. Casi desde el principio, relató la "relación difícil" que mantuvo con Trapero, quien siempre mostró sus reticencias ante el nombramiento del coronel.

También fue Pérez de los Cobos quien reveló que el plan de actuación para el 1-O que presentó Trapero al fiscal superior de Cataluña "no era apropiado para impedir el referéndum", ya que parecía el de "unas elecciones normales y habituales y no de un referéndum prohibido que hay que impedir". En su opinión, ese plan, "tal y como estaba redactado", no impedía la votación, versión que fue confirmada después por los exjefes de Policía y Guardia Civil en Cataluña Sebastián Trapote y Ángel Gozalo, respectivamente.

El exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero está citado a declarar este jueves en calidad de testigo en el juicio en el Tribunal Supremo por el proceso independentista en Cataluña, aunque puede negarse a declarar por la acusación que pesa contra él en la Audiencia Nacional por el delito de rebelión.

El todavía mayor de la policía autonómica, que debe estar en el Supremo a las 11.00 horas, está pendiente de juicio por la actuación de los Mossos el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, por lo que la ley le exime de la obligación de decir verdad y de no contestar a todas aquellas preguntas que considere que le pueden perjudicar en ese procedimiento. A pesar de no estar acusado en la causa del Supremo, su nombre ha salido a relucir en muchas ocasiones durante el primer mes de juicio del 'procés', sobre todo a raíz de las declaraciones como testigos de los que eran mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el 1-O.