En directo | El cantautor Lluís Llach declara en el juicio del 'procés'

Al estar imputado, tenía derecho a no declarar.

La acusación popular de Vox ha renunciado a llevar a cabo el interrogatorio ante esta circunstancia.

Iglesias se identifica en catalán. "Me expreso mejor, pero puedo intentar", ha declarado cuando el juez Marchena le ha preguntado si quería emplear la lengua catalana o el castellano.

Josep Ginesta tenía derecho a no declarar por estar imputado en el proceso.

Josep Ginesta está imputado en el mismo proceso en el mismo proceso, por lo que viene acompañado de su abogado.

Domènech ha iniciado su participación en el juicio manifestando que "es un sintoma de fracaso democrático cuando una acusacion la forma un partido incapaz de condenar el franquismo", aunque ha aceptado responder a las preguntas de la acusación popular de Vox. 

Pedro Fernández solo le ha preguntado si estuvo en una manifestación que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2017, pero Domènech ha dicho que estaba en el Congreso de los Diputados en una sesión de control.

"Unos han intentado cumplir con la cuestión principal, que era impedir el referéndum, y otros han tolerado que se hicieran las votaciones", ha dicho el exministro de Interior sobre las diferencias entre la actuación de la Policía Nacional y Guardia Civil y la de los Mossos.

El abogado de Jordi Cuixart pregunta sobre los gritos de "a por ellos" con los que se despidió a los policías nacionales y guardias civiles que partían hacia Cataluña, que Zoido asegura haber visto "a través de los medios" y que "no aprobaba aquellas expresiones".

Sobre posibles expedientes sancionadores a funcionarios que hicieran este tipo de acciones, el exminitro no puede concretar y añade que él solo vio a personas independientes haciendo estas manifestaciones. 

Preguntado sobre la compra de armas de los Mossos, Zoido dice que "se impidió" porque consideraron "que no era necesario". 

Sobre el momento en el que se decidió intervenir los colegios, el exiministro dice que fue a primera hora de la mañana porque "había pocos colegios que estuviesen en condiciones de que no hubiera ningún acto". 

Zoido dice que si los Mossos hubieran tenido un "despliegue" fuerte "todo había sido distinto" y "habría obtenido un mejor resultado", todo con el apoyo de los 6.000 policías y guardias civiles desplazados. 

Además, ha dicho que hay "hechos e imágenes" que acreditan las "actuaciones violentas" contra los policía, aludiendo a las violencia que los ciudadanos ejercieron contra Policía Nacional y Guardia Civil.

Zoido dice que a medida que se acercaba el día iban surgiendo dudas sobre si los Mossos cumplirían con lo ordenado para el día 1, pero "la profesionalidad" de Pérez de los Cobos decía que "al final cumplirían". Aunque pareciera que Trapero "no", "confiaba en que los Mossos respondieran". 

Zoido señala que se cumplió con la orden judicial el 1 de octubre porque había "auténticos escudos humanos" que impedían que las urnas fueran retiradas y los colegios cerradas, lo que supone "una resistencia activa y organizada".

Zoido dice que el día 20 de septiembre hubo concentraciones en los 40 puntos de Cataluña donde se realizaron registros con la intención de "no facilitarlos", no solo en la Conselleria de Economía. No obstante, en dicha consellería la letrada estuvo "prácticamente 24 horas dentro" sin poder salir, hasta que al final tuvo que salir "saltando de una azotea a otra", lo que es "muy preocupante". 

El exministro "está seguro" de que estas circunstancias condicionaron el despliegue de los días posteriores.

Zoido ha indicado que el dispositivo estuvo dirigido por Pérez de los Cobos por decisión del fiscal y de la magistrada y que, si estuvo presente en reuniones anteriores a su nombramiento, fue porque siempre ha mantenido "relaciones estrechas con muchos órganos de la Generalitat".

El exministro también se desvincula de la coordinación y el diseño del dispositivo, ya que no es "función" de un ministro, por lo que ha declarado que "no valoro los dispositivos policiales. Ni los diseñé ni nada". 

Zoido ha señalado que la Fiscalía Superior de Cataluña ordenó que se cerrarán todos los colegios electorales antes del 1 de octubre, sin embargo, esto quedó invalidado por una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que era "más genérica" en cuanto al reparto de competencias entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil.

El exministro ha manifestado su consideración de que el número de Mossos destinados al referéndum, 7.000 en total, era "insuficiente" para cumplir el mandato judicial, comparándolos con los 12.000 movilizados para las elecciones autonómicas. 

Además, durante el desarrollo del referéndum, tuvo noticias del secretario de Estado de Seguridad sobre que no se habían cumplido las "previsiones" a las que se habían comprometido los Mossos.

Zoido ha indicado que la instrucción del secretario de Estado de Interior para las actuaciones del 1-O indicaba que debían "priorizar la seguridad" de los ciudadanos antes que la "eficacia" de impedir el referéndum, aunque como había "grandes aglomeraciones que impedían cumplir el mandato se "empezaron a tomar las medidas", que según la instrucción podían tomarse con "carácter exclusivo" desde la Delegación del Gobierno. 

El exministro del Interior, Juan Igancio Zoido, ha indicado que la actuación policial durante el 1-O no fue un "exceso" sino que fue "proporcionada dadas las circunstancias" en las que se produjeron los hechos ese día. 

El día 22 de septiembre, después de las "aglomeraciones" del día 20, notificó al conseller que enviarían Guardias Civiles y Policías Nacionales en "auxilio" a los Mossos d'Esquadra y para cumplir con los requerimientos de los órganos judiciales como policía judicial. 

La alcaldesa ha querido mostrar su apoyo al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, una "persona pacífica y muy querida en la ciudad", por lo que ha declarado que se le "parte el alma" viéndolo en prisión preventiva "como el resto de acusados". 

El día 1 de octubre, Colau ha señalado que llamó al delegado del Gobierno, Enric Millo, para exigirle que pararán las cargas policiales que "finalmente pararon por la tarde", aunque el hecho fue "muy grave", con unos "1.000 heridos". La alcaldesa de Barcelona ha destacado que el 1-O no fue una movilización de ningún partido ni institución, "sino de la gente", consiguiendo que fueran "millones de personas autoorganizadas". 

La alcaldesa de Barcelona ha narrado su participación en el referéndum por la independencia del 1 de octubre de 2017, donde participó "como alcaldesa y ciudadana". El día de la votación, mientras hacía cola, señala que empezó a recibir noticias "horribles sobre cargas brutales". 

Colau también ha destacado que la Policía Nacional intentó entrar en al sede de la CUP "sin requerimiento judicial", lo que aumentó la sensación de "excepcionalidad".

Aunque no estuvo presente en las protestas frente al Departamento de Economía, asegura que recibió información de lo que ocurría aquella jornada y que puso a la Guardia Urbana "a disposición" de los Mossos d'Equadra, asegurando que hubo servicios municipales que intervinieron. Además, según ha señalado, tuvo conocimiento de que la situación del 20S fue "pacífica y tranquila".

Ante los hechos, la alcaldesa ha señalado que se hizo un llamamiento a la "movilización pacífica" porque pensaban que "las instituciones podrían "estar en peligro".

Ada Colau ha querido dejar constancia de su "incomodidad" por tener que responder a un grupo de "extrema derecha" al inicio de su comparecencia en el juicio. Mientras, ha explicado que el 20 de septiembre de 2017 "había una sensación de estado de excepción" donde se vieron "cosas anómalas que no habíamos visto nunca" y provocó "alarma social".

El expresidente del Parlamento catalán Ernest Benach, propuesto por la defensa de Carme Forcadell, ha defendido durante su comparecencia que la mesa "no tiene que juzgar a entrar el contenido, sino la forma de presentación" de las leyes es la correcta, argumento en el que se escuda Forcadell para defender la tramitación de las leyes del referéndum. 

Preguntado sobre la iniciativa legislativa popular para convocar un referéndum de autodeterminación ha dicho que no cumplía los requisitos y que era "desastrosa, por ser generoso", además de "exceder las competencias del parlamento", por lo que se le está "dando importancia a algo anecdótico".

En todo caso, ha dicho que si él hubiera estado en la legislatura "hubiera hecho lo mismo que la presidenta".

Albano Dante-Fachín dice que el 20S no fue una concentración independentista "al uso, sino bastante plural", donde la gente se movía "sin dificultades" y que llegó a consultar a los guardia civiles de la puerta de Economía que si les molestaba el humo de su cigarro. Sobre el 1 de octubre, dice que, aunque su partido no tiene como objetivo la independencia, "sí decidió llamar a participar", aunque no recuerda si llamó a ocupar las escuelas la noche anterior. 

Gabriel Rufián dice que le chirría que se hable de "rebelión" el 20 de septiembre si él mismo fue "a comer y merendar", además de que no vio "violencia, solo gente" y que la única violencia que ha visto ha sido de la policía el 1 de octubre, cuando hubo "policías apaleando señoras".

Gabriel Rufián empieza su comparecencia. Dice que le "chirría" que se catalogue los hechos del 20 de septiembre de 2017 como "rebelión", porque el fue "a merendar". Además, dice que no vio "violencia", "solo gente", y que los únicos actos violentos que presenció fueron "de la policía el 1 de octubre".

En el turno de la abogacía del Estado, Urkullo ha destacado que "intercedía" en la comunicación entre Puigdemont y Rajoy ya que "de las conversaciones que mantenía daba cuenta a la otra parte". Además, dice que siempre abogó por la "bilateralidad".

El lehendakaria asegura que Puigdemont pedía "garantías" de que no fuera a aplicarse el artículo 155, aunque no se le pudo dar. Por otro lado, señala que Rajoy "no era muy dado" a la aplicación del artículo. 

Urkullu declara que siempre vio "disposición al diálogo" por parte de Puigdemont y que tuvieron contacto días previos al 27 de octubre de 2017. Para el día 25 afirma que se había alcanzado acuerdo para que Puigdemont convocara elecciones, pero por "presiones" y "rebelión" en su propio partido "no podía". 

El presidente del Gobierno vasco, Íñigo Urkullu, abre la comparecencia de este jueves. Y lo hace en la que es ya la novena sesión del juicio del procés. El lehendakari vasco ejerció de 'mensajero' entre Carles Puidgemont y Mariano Rajoy, por lo que está compareciendo en calidad de testigo.