Una inspección de Hacienda es una de las visitas que más atormentan a cualquier empresario. No obstante, si eres autónomo o tienes un negocio, debes saber que la Agencia Tributaria sólo podrá acceder con una orden judicial y previo aviso.
La sentencia emitida por el Tribunal Supremo en octubre de 2020 es clara al respecto. Concluye que los inspectores de Hacienda no pueden entrar a registrar un domicilio particular o empresa solo con la premisa de ‘ver qué se encuentran’. Deja, desde entonces, ser una causa de peso el hecho de ver que el propietario tributa por debajo de las cifras medias de su sector de actividad.
Ahora, una nueva sentencia ahonda en los derechos de las empresas ante una inspección fisca.
Nuevos límites a las inpecciones fiscales
La entrada en el domicilio de una sociedad para una inspección fiscal exige que se haya abierto previamente un procedimiento inspector, el cual se haya notificado fehacientemente. La autorización judicial no será suficiente para la entrada y exigencia de material contable, tal y como recoge una nueva sentencia de 18 de julio de 2024.
Los magistrados consideran que, para realizar estas inspecciones in situ, no es suficiente con una autorización judicial, tal y como estaba fijado hasta la fecha. En concreto, el magistrado Merino Jara, argumenta que la jurisprudencia exige el requisito del procedimiento previo iniciado y notificado para la correcta realización de la diligencia de entrada. Una jurisprudencia que ciertamente se dicta en el contexto de la existencia de un auto judicial autorizando la misma.
Llama la atención que la sentencia también recoge la prohibición de visitar un determinado establecimiento informando al negocio unos minutos antes de acometer la acción. Una práctica, hasta la fecha, muy frecuente.
En el procedimiento inspector, el requisito exigido no es exclusivo de la autorización de entrada mediante auto judicial, sino que es exigible para la legítima entrada en domicilio protegido por la inspección. En este aspecto, concurren las mismas razones y justificaciones para exigirlo cuando la diligencia se lleve a cabo mediante consentimiento.
Y es que puede darse la circunstancia que, pese a la existencia de un consentimiento inicial por parte del administrador, la autorización de entrada y el registro de autos no llegase a cumplir con todos los requisitos exigidos. Tal y como recoge la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se pueden anular, por defectos de motivación, un auto judicial que autorizó previamente a la Agencia Tributaria a entrar en el domicilio fiscal de una empresa que declaraba impuestos inferiores al resto de sus competidores.
¿Cómo te avisa Hacienda de una inspección?
Si Hacienda decide realizar una inspección sobre tu empresa, será necesario que esté abierto un procedimiento inspector, debiendo ser notificado a la compañía con previa antelación. Se avisa por correo postal o en el buzón de notificaciones electrónicas.
El usuario podrá negarse a la entrada de la Agencia Tributaria si lo hiciese sin avisar, pese a enseñar una autorización judicial. Y es que la jurisprudencia obliga a tener un procedimiento previo y notificado.
La Constitución protege, en todo momento y ante cualquier tipo de circunstancia, a las empresas de la entrada ilegítima en su domicilio, sin consentimiento explícito. Para ello, Hacienda deberá cumplir con todos los requisitos, aunque a su vez el empresario deberá seguir todas sus obligaciones como autónomo y evitar errores evidentes en su Declaración de la Renta.
El Supremo también ha determinado, en ese procedimiento inspector ya abierto y notificado de antemano, plena transparencia. De este modo, debería haber constancia de que se han encontrado indicios que hacen necesaria la entrada sorpresiva a la empresa. En cualquier caso, el autónomo deberá tener conocimiento íntegro de ello. El inspector puede pedir ayuda (para encontrar documentos), pero nunca interrogar.
Con la nueva normativa vigente en la mano, el autónomo queda más protegido de las visitas sorpresivas y, en parte, abusivas de la Agencia Tributaria. Un clásico de tiempos pretéritos, pero que al que ahora se pone freno, de la mano de la justicia, para velar por la integridad y seguridad de quienes están al frente de un negocio en España.
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