Conozca punto por punto, el acuerdo de justicia suscrito entre el Gobierno y las Farc

Después de la presentación del acuerdo en materia de justicia, hecho ayer en Cuba, el país entra en una etapa de debate en torno al resultado presentado por las partes y su aplicación de cara a un acuerdo definitivo con la guerrilla más antigua del mundo.

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Según lo acordaron los negociadores del Gobierno y la guerrilla, los diez puntos que fueron leídos por los Garantes de Noruega y Cuba hacen parte del avance hacia la firma de una paz definitiva. Además de poner un plazo de seis meses para la conclusión de los diálogos en La Habana, ambas partes coincidieron en que, con la resolución de este punto sobre justicia, se resuelve uno de los ítemes más complicados de negociar en este proceso que lleva tres años.

El acuerdo de las partes especifica que quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad y resulten culpables, las penas de prisión podrá llegar hasta los 20 años, en condiciones ordinarias.

El contenido del acuerdo firmado ayer por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc, que representa un momento histórico para el país, contemplan distintas alternativas en materia de justicia y participación política, que serán la base para la firma de un acuerdo final tras el cual, los guerrilleros deberán dejar las armas en un plazo no mayor a 60 días.

Los acuerdos firmados por Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y Timo León Jiménez, comandante de las Farc, apuntan en la siguiente dirección.

1. En primer lugar, el Gobierno colombiano y las Farc-EP, comenzaron por reafirmar su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha, entre los que se han resuelto los temas de “Reforma Rural Integral”, “Participación política” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.

2. Tras ratificar sus intenciones de seguir adelante y valorar los avances alcanzados, ambas partes anunciaron la construcción de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que, según ellos, estará enfocado a proteger los derechos de las víctimas y contribuir a la construcción de una paz estable y duradera. En este sentido, Gobierno y guerrilla acordaron la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, al tiempo que aseguraron tener acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.

3. Entrando en el tema de la justicia, asunto de por sí espinoso, se anunció la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, la cual contará con Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz, que tendrá como función principal la de acabar con la impunidad en torno al conflicto, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

De acuerdo con el comunicado, “las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos”.

4. Además de plantear los anteriores Tribunales especiales, las partes acordaron la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y la entrega de la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos por parte del Estado colombiano.

En este sentido, una ley de amnistía será la que precise el alcance de la conexidad y se dejó en claro que “no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual”. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por último, el acuerdo suscrito por el Presidente colombiano y el Comandante de las Farc resaltó que la transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal, “es un objetivo compartido”.

5. En cuanto a la denominada, Jurisdicción Especial para la Paz, esta será competente para juzgar los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos e incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado.

6. En el sexto componente del acuerdo en materia de justicia, tanto las Farc como el Gobierno acordaron que la Jurisdicción Especial para la Paz implemente dos tipos de procedimientos: “uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente”.

En este sentido, el acuerdo de justicia concluye que a los primeros les será impuesta una sentencia fundada en las conductas reconocidas después de contrastar las investigaciones de distintos órganos del Estado, sentencias judiciales existentes y la información de organizaciones de víctimas y de derechos humanos, mientras los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

7. En cuanto a las penas impuestas por el Tribunal, además de que estas deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, el acuerdo dejó establecido que para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos que sean competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras.

Para quienes reconozcan delitos muy graves, la sanción contemplada tendrá un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Por su parte, quienes hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal, se contemplan sanciones con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias.

Por último, el acuerdo de las partes especifica que quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad y resulten culpables, las penas de prisión podrá llegar hasta los 20 años, en condiciones ordinarias.

8. En el octavo punto, las partes dejaron en claro el requisito de aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición, para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz.

9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

10. Por último, el acuerdo suscrito por el Presidente colombiano y el Comandante de las Farc resaltó que la transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal, “es un objetivo compartido” y que el mismo contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.

Aunque desde ya existen muchas voces críticas a los acuerdos suscritos ayer, el propio Presidente anunció previamente que no todos quedarían satisfechos con los anuncios. Con el acompañamiento de la comunidad internacional, quienes apoyaron los anuncios hechos desde Cuba, las partes involucradas en los acuerdos de paz pusieron un límite para la firma final de un acuerdo definitivo, el cual debería darse a más tardar el 23 de marzo del próximo año.

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